En el Tribunal Oral Federal (TOF) dos hombres ocuparon el banquillo de los acusados. De acuerdo con información judicial a la que El Ancasti tuvo acceso, uno de los imputados, de apellido Toloza, debía responder por el delito de “tenencia simple de estupefaciente”. Asesorado por el defensor oficial federal Hugo Vizoso, solicitó la suspensión del juicio a prueba –también conocida como probation-. Para tal fin, ofreció un resarcimiento de $2.000, más multa económica y se puso a disposición para realizar trabajos comunitarios. La fiscal María Correa no se opuso al planteo y el juez federal Adolfo Raúl Guzmán hizo lugar al planteo. En tanto que el otro acusado, de apellido Moya, estaba imputado por el delito de “transporte de estupefaciente”. Dado que la pena mínima prevista para este delito es de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, el imputado –también asesorado por Vizoso- no estaba en condiciones de solicitar el beneficio de la probation. No obstante, admitió el hecho y se responsabilizó por ello. De esta manera, se celebró un debate abreviado y el magistrado Guzmán resolvió una condena con la pena mínima prevista.
