La violencia atraviesa a la sociedad y pareciera que la solución es la vía penal. Diferencias entre vecinos, conocidos o entre personas que se cruzaron por cuestiones del destino suelen desembocar en hechos violentos.
Durante el año pasado, en el Valle Central se registraron 9.540 denuncias por amenazas, lesiones y daños.
De acuerdo con estadísticas judiciales, en la primera mitad de 2018, se asentaron 2440 denuncias por amenazas simples, otras 13 por amenazas calificadas, 1720 denuncias por lesiones y otra 555 por daños. La jurisdicción de la Unidad Judicial Nº 8, en la zona Norte, fue la que más hechos de violencia registró: 339 por amenazas, 250 por lesiones y 91 por daños.
En tanto que, en el segundo semestre hubo un pequeño incremento. Se asentaron 2.479 denuncias por amenazas simples, 17 por amenazas calificadas, 1755 por lesiones y 561 por daños. En Valle Viejo se registró la mayor cantidad de denuncias por amenazas: 376. Por lesiones, la Unidad Judicial Nº 9, de la zona Sur capitalina, recibió 250 denuncias y por daños en el Precinto Judicial Nº 8 hubo 70 denuncias.
Según la estadística, durante 2018, en las 12 unidades judiciales de la Primera Circunscripción Judicial que comprende los departamentos de Capital, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Capayán, Ancasti, Ambato, Paclín, Santa Rosa y El Alto, se registraron 22.603, de las cuales 9.540 pertenecen a los delitos de amenazas (simples y calificadas), lesiones y daños. Es decir, el 42 %. De esta manera, la Unidad Judicial Nº 8 registró la mayor cantidad de hechos de violencia, el 7,8 %. Se debe tener en cuenta que al margen se registran las denuncias relacionadas con violencia familiar y de género, y aquellas efectuadas en Fiscalía General.
El Código Penal Argentino establece que la amenaza es un delito que atenta contra la libertad de las personas. En el artículo 149bis se indica que será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas y la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas. Fuentes consultadas indicaron que por día ingresan más de 10 denuncias por amenazas. Sin embargo, se aclara que no todo dicho amenazante constituye un delito. “Es un canal importante de conflictividad. No desgasta el sistema sino que incrementa notablemente el caudal de causas que requieren atención. Más de una vez, este incremento es estadísticamente significativo en cuanto a denuncias realizadas, pero no a hechos penales típicos relevantes”, se explicó.
Sin ánimos de generalizar, en la mayoría de las amenazas existe un trasfondo de alguna índole que determina una vinculación permanente o circunstancial de las partes. Esta vinculación puede ser entre comerciante y cliente o en una relación de vecindad. “En la mayoría de los casos, las partes se conocen de antemano y hubo algo que fue exacerbando el estado anímico que llevó a eso o una mala relación vecinal o el mal trato de un comerciante a un cliente, o viceversa”, contó.
Es decir, suceden situaciones en que personas comunes se amenazan en un semáforo “y uno le dice al otro que le va a meter una bomba”. Por ello, se advierte que algunas circunstancias podrían canalizarse por otras vías, que no tiene que ser la penal.
Una alternativa podría ser la mediación: un espacio para el diálogo sería mucho más efectivo que una denuncia, dado que la vía penal siempre debe ser considerada la última ratio.
Si la amenaza surgió entre vecinos por algunas diferencias, estas podrían solucionarse con una mediación porque el delito de amenaza podría tener una sanción, pero no resolvería el conflicto de fondo.