En el tribunal oral federal

Piden 4 años de prisión para una preceptora acusada de estafa

La damnificada, docente de la Escuela de Teatro, asegura que sufrió perjuicios materiales y en su salud.
martes, 10 de diciembre de 2019 · 02:08

En el Tribunal Oral Federal inició ayer el debate oral y público contra la preceptora Ana Laura Ahumada por la presunta comisión de los delitos de “estafa y adulteración de documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, en concurso real, en tres hechos”, y hoy los jueces darán a conocer su veredicto. 

La causa inició en 2013 y tiene como denunciante a la docente de teatro Beatriz Eugenia Arias, quien al momento de los hechos era compañera de trabajo con Ahumada en la Escuela Provincial de Teatro Juan Oscar Ponferrada, que funciona en la Manzana de las Artes. 

El debate comenzó a las 16 y tras un breve cuarto intermedio, la fiscal auxiliar Federal María Correa expuso sus alegatos y pidió que Ahumada sea condenada a cuatro años de prisión. 

A su vez, el abogado defensor Ramón Robledo dio a conocer su alegato y solicitó la absolución de Ahumada por los tres hechos de estafa y adulteración de documentos. En primer lugar el Tribunal convocó a Ahumada quien haciendo uso de sus derechos se abstuvo de declarar, de la misma manera que se negó a brindar testimonio en la etapa de investigación de la causa. 
Siguió Arias, quien declaró en calidad de testigo y víctima. 

La docente explicó que todo comenzó el 28 de abril de 2013 cuando el representante de un hipermercado local la llamó por teléfono y le informó que debía cancelar un préstamo de $6.000. 

Según relató, poco después de tomar conocimiento que debía hacerse cargo de una deuda que nunca había adquirido, conoció que ese mismo 28 de abril pero en otro importante comercio con sucursal en esta Capital, la misma persona que operó en el otro local comercial sacó un crédito por $16.000 para la compra de dos televisores LED. 

El tercer hecho y siempre según su testimonio, se habría producido el 6 de mayo de ese año cuando presuntamente Ahumada concurrió a una mueblería a través de una empresa local que otorga créditos, adquirió elementos por $9.000. 

"En abril de 2013 comenzaron todos los problemas", aseguro Arias. Explicó que al tomar conocimiento del primer hecho rápidamente concurrió al hipermercado, donde además funciona una financiera, donde le mostraron la documentación con la cual había sido solicitado el préstamo. Indicó que quien efectuó la operación presentó una copia de recibo de sueldo y una copia de DNI (tipo libreta) con una foto que no era la de ella. Sostuvo que dos compañeras de trabajo reconocieron en la imagen a Ahumada. 

Pero a comienzos de mayo se dio con que tenía otra deuda, esta vez por $9.000. Dijo que al concurrir el negocio en cuestión pudo corroborar que se trataba de la misma persona quien habría operado en su nombre, y que esa empresa había sacado una fotografía en el lugar, de la persona que solicitó el crédito. 

Y esta foto sería similar a la presentada en el DNI adulterado y acreditaría que efectivamente quien solicitó el dinero fue Ahumada. 

"Se me bloqueó la firma y comencé a tener llamadas telefónicas a todos lados por parte de los acreedores. Hasta llegaron a llamar a mis compañeros de trabajo para decirles que debía ponerme en contacto para cancelar las deudas", manifestó Arias. 

"A raíz de todo lo que pasó y que se extendió hasta ahora me enfermé física y psicológicamente", finalizó. 

Alegatos
Luego de presentada la fundamentación de la Fiscalía señalando que existen elementos de prueba concretos y suficientes como para justificar el pedido de cuatro años de prisión, el abogado Robledo consideró que Arias sería en parte "culpable" de su propio accionar, ya que en años anteriores a las hechos habría presentado una copia de su DNI en uno de los comercios, en el que además "habría connivencia entre los empleados " para cometer ilícitos. 

Contrariamente a lo manifestado por la fiscal, quien asignó valor documental a una fotocopia de documento, el abogado sostuvo que "no puede sostenerse una acusación usando una fotocopia de DNI al que alguien la habría puesto una foto de otra persona", disparó. 

Cuestionó a las empresas que aprobaron las operaciones por no verificar la identidad de sus clientes, y negó que a través de una maniobra de "engaño se haya inducido a error a los operadores comerciales involucrados". 

Dijo que "no quedó acreditado en ningún momento que mi defendida haya tenido algo que ver con los hechos" que se le endilgan, y además cuestionó a la Fiscalía "por la falta de una prueba caligráfica, ya que además habría falsificado una firma". 

"No se produjo estafa porque no hubo el engaño suficiente, y no quedó acreditada la participación de mi defendida", repitió al referirse a los tres hechos. 

Finalmente, dijo que en ninguno de los tres casos se acreditó el perjuicio para las empresas y resaltó que de existir algún daño para la víctima, habría sido causado por ella  misma al presentar documentación que no contaba con certificación legal. 

Fallo
Aproximadamente a las 20 y ante lo avanzado de la hora, el Tribunal integrado por Enrique Lilljedahl, Juan Carlos Reynaga y Adolfo Guzmán dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta hoy a la mañana, en que emitirán su veredicto.

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