La denuncia penal que en su momento realizó la Subsecretaría de Familia sobre la sospecha de apremios a dos adolescentes presuntos infractores en 2017 aún no tuvo repercusiones. La Jefatura de Policía de la Provincia todavía no fue informada sobre tal denuncia.
Esta Subsecretaría del Ministerio de Desarrollo Social es el órgano de aplicación del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y bajo su órbita, entre otras cuestiones, funciona el Centro de Admisión y Derivación (CAD) y el abordaje hacia los chicos en conflicto con la Ley Penal. Marina Losso es la subsecretaría de Familia y, de acuerdo un informe que este diario publicó en su edición de ayer, se había denunciado en la Fiscalía General por la sospecha de apremios a dos adolescentes.
Los hechos habrían ocurrido el año pasado. Los chicos habían ingresado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), luego de haber pasado por una comisaría. Uno de ellos presentaba visibles lesiones. En tanto que el informe médico que se le realizó al otro adolescente indicaba que no tenía lesiones, no obstante, sí estaba golpeado.
Consultado al respecto, el comisario general Orlando Quevedo, jefe de la Policía de la Provincia de Catamarca, reconoció que, hasta el momento, no había sido informado, a modo de poder tomar alguna medida interna. “No tengo información sobre eso. Puede ser que haya llegado el pedido pero tal vez está en Asesoría”, explicó.
La subsecretaria admitió que la realidad muestra que un porcentaje de este grupo, en algún momento, será captado por el sistema de control social, la Policía. “Es por ello que si esto ocurre, como miembros del Sistema de Protección no podemos desligarnos de la situación. Debemos intervenir a los fines de minimizar las situaciones de violencia y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esa es nuestra misión”, expresó.
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El CAD es un dispositivo de atención judicial y asistencia especializada para los adolescentes infractores. “Se trabaja bajo lo normativa de la Ley Nacional 26.061 y la Provincial 5.357 ambas de Protección Integral de los Derechos de chicos y chicas, el Decreto Ley 22.278 del Régimen Penal de la Minoridad y en etapa de adecuación de la Ley Provincial 5.544 de Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, recientemente sancionada. Fue creado a los fines de evitar el alojamiento en comisarías de niños, niñas y adolescentes aprehendidos por la fuerza policial. Asimismo, para que los chicos reciban un trato especializado desde el momento de la aprehensión, garantizando un procedimiento acorde a las garantías constitucionales”, explicó.
Con relación a los ingresos en el CAD, Losso precisó que entre mayo de 2017 y mayo de este año, el 52 % de los casos corresponden a adolescentes punibles; el 48 % corresponde a niños, niñas y adolescentes que pudieron haber cometido algún delito, pero están por debajo de la edad de imputabilidad o se encuentran en estado de riesgo, o abandono. De acuerdo con este informe, se advierte que en este período hubo siete ingresos de niños de entre ocho y nueve años, 21 de chicos de entre 10 y 11 años; 105 de niños de entre 12 y 13 años; 131 de adolescentes de 14 años; 193 de chicos de 15; 241 ingresos de chicos de 16 años y 262 ingresos de adolescentes de 17. Es decir, de 503 ingresos al CAD de chicos de entre 16 y 17 años, 262 ingresos corresponden a infracciones a la Ley Penal. Al mismo tiempo, aclaró que la cantidad de ingresos no es igual a la cantidad de chicos que ingresan: un mismo chico pudo haber ingresado al CAD en más de una ocasión y por distintas causales.
