El gerente comercial de Dexter deportes -con locales comerciales ubicados sobre Peatonal Rivadavia-, quien mintió haber sido víctima de un asalto armado, fue imputado del delito de "falsa denuncia" por el fiscal Marcelo Sago a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Administración Pública.
El 25 de julio pasado Fernando del Valle Heredia denunció en la Justicia que dos sujetos en moto lo abordaron por calle Zurita, entre 9 de Julio y 25 de Mayo. Que uno de los malvivientes lo amenazó con un cuchillo tipo sevillana al tiempo que le ordenaba que entregara sus pertenencias.
Dijo que ante la amenaza entregó lo que llevaba encima sin oponer resistencia y que finalmente el malviviente huyó corriendo y unos metros más adelante subió como acompañante en una motocicleta, cuyo conductor se dio a la fuga rápidamente.
Heredia denunció en la Unidad Judicial Nº1 que los malvivientes le habían llevado una suma superior a los $100.000, que pertenecería a la firma propietaria del local comercial.
El fiscal en feria Luis Baracat comisionó el hecho al personal de Investigaciones, quien, tras una entrevista con el damnificado, solicitó las cámaras de seguridad de distintos comercios y viviendas ubicadas en el recorrido indicado por el presunto damnificado.
Al no observar nada sospechoso en las registros fílmicos de distintas cámaras aportadas por comerciantes de la zona, los investigadores solicitaron a Heredia que los acompañara y realizaran juntos el recorrido que él había realizado y les indicara el lugar exacto en donde ocurrió el presunto hecho.
Esas indicaciones terminaron de confirmar las sospechas: el hecho no había existido.
Al verse descubierto, el hombre confesó la verdad y dijo que todo había sido una farsa.
La fiscal Miryam López, a quien le corresponde el hecho finalizada la feria, giró las actuaciones al fiscal Marcelo Sago, quien investiga los delitos de "falsa denuncia".
Sago analizó los elementos de pruebas e imputó a Heredia el delito. Tras la indagatoria solicitó la planilla de antecedentes.
El Código Penal establece penas de 2 meses a un año de prisión o multas a quien falsamente denuncie un delito ante la autoridad.
