Una audiencia de suspensión de juicio a prueba, conocida también como probation, se desarrolló en la Cámara Penal de Tercera Nominación. Cristian Sebastián Dávila se sentó en el banquillo de los acusados para responder por el delito de “encubrimiento agravado por receptación y ánimo de lucro en calidad de coautor”. El delito que se le imputó comúnmente se lo denomina como “cobro de rescate” por una moto. Para evitar ser juzgado había ofrecido $500.
Pedro Vélez, su abogado defensor, había solicitado este beneficio para su cliente pero el fiscal de Cámara Rubén Carrizo no dio su consentimiento. Fuentes consultadas indicaron que este representante del Ministerio Público Fiscal, en relación con la política criminal, advierte que el robo de motos registra una alta tasa delictiva, al igual que el “cobro de rescate”. Además, se considera que la comisión de este delito implica una organización.
A mediados de 2016, la fecha no se precisó, Dávila, acompañado por dos jóvenes más, había receptado de personas no determinadas por la investigación una motocicleta Honda Titán 150 cc. El rodado habría sido sustraído de manera ilegítima a un hombre el 21 de junio de 2016, entre las 21.30 y las 23, en avenida Güemes, en inmediaciones de calle Vicario Segura. Días después, previo a haberse emprendido tratativas entre la pareja del damnificado con Dávila y las otras dos personas señaladas, con claras intenciones y fines de lucro, al mismo tiempo, con conocimiento del origen ilícito de la citada moto, se habría intentado concretar una transacción por la suma de $5.000 a cambio de la entrega del rodado.
Lugar citado para la entrega del vehículo era en la plaza ubicada frente al barrio 920 Viviendas, en la zona oeste de la Capital. No obstante, la transacción no se concretó porque los sospechosos fueron arrestados por personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Provincia. También se secuestró el rodado en cuestión. Uno de los implicados pudo darse a la fuga.
Por ello, Dávila fue imputado por el delito de “encubrimiento agravado”, tal como lo indica el artículo 277 del Código Penal Argentino (CPA), primer apartado, inciso C. “Será reprimido con prisión de seis meses a tres años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito”, establece el CPA.
Secuestro
En otro orden, fuentes policiales informaron que personal de la Comisaría Tercera realizó un operativo de control vehicular e identificación de personas en distintos puntos de su respectiva jurisdicción. De esta manera, en la mañana de ayer secuestró seis motocicletas de distintas marcas y cilindradas, que luego fueron remitidas al Corralón Municipal, en virtud que sus conductores infringieran las disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.