Claudio Quinteros se desempeñaba en 2014 como concejal en la Municipalidad de San José, departamento Santa María, pero, debido a una maniobra dudosa, fue imputado por el delito de “fraude a la administración pública”. El 16 de marzo pasado estaba previsto que en la Cámara Penal de Tercera Nominación se desarrollara el debate para determinar su inocencia o culpabilidad. No obstante, el acusado solicitó el beneficio de la suspensión del juicio a prueba –la probation- y en una audiencia que se concretó el 27 de marzo el juez Marcelo Soria negó el pedido.
El acusado había ofrecido $50.000 como resarcimiento para evitar el juicio pero el asesor legal de esta comuna, Pedro Rolando Nieva, se opuso a este planteo y, al mismo tiempo, rechazó para resarcir el daño ocasionado a las arcas financieras del municipio. Por el su parte, el fiscal Rubén Carrizo, representante del Ministerio Público Fiscal, tampoco prestó su consentimiento. Aclaró que, en principio, el beneficio de la suspensión de juicio a prueba tiene sus excepciones que la hacen viable en determinados casos o calidades de personas, más específicamente cuando de algún modo participare en alguna actividad dentro de la Administración Pública. Según alegó, las personas que se desempeñan en la función pública, al margen de ocupar un puesto jerárquico o no, están sujetas al principio de igualdad pero a los fines de someterse a la ley y a cualquier tipo de juzgamiento. Pese a la señalada igualdad, la responsabilidad es mayor. El fiscal advirtió que las arcas del Estado se llenan con el dinero del contribuyente pero en este caso puntual se vulnera a los contribuyentes. Para Carrizo, el funcionario que jugó con el dinero que era de los contribuyentes no tiene la misma responsabilidad ante la ley que aquel que se maneja en el ámbito privado. Por ello, la diferencia de responsabilidades y el hecho de que la excepción no es viable.
Ante lo expuesto, el juez de esta cámara penal, Marcelo Soria, rechazó la suspensión del juicio a prueba solicitado por Quinteros. El magistrado fundamentó que la ley al respecto sin lugar a la incertidumbre indica que no se concede la probation cuando se trata de un funcionario público que en el ejercicio de sus funciones hubiese participado en el delito que se le reprocha. El magistrado Soria remarcó que el imputado Quinteros se desempeñaba como concejal de la Municipalidad de San José, en el departamento Santa María. Tras la negación, pidió que se fijara una nueva audiencia de debate.
Antecedente
En el mismo tribunal se encuentra el expediente de Mónica Hernández, ex intendente de San José, imputada también por el delito de "fraude contra la administración pública". La ex jefa comunal fue acusada de contratar de forma irregular un camión Mercedes Benz propiedad de Oscar Maldonado, por el cual se pagaban $19.800 el mes e incluía el pago de combustible. Esta contratación se llevó a cabo durante 12 meses. La causa fue enviada a la Cámara Penal de Tercera Nominación y el debate estaba previsto para marzo de 2016. Hernández pidió la probation y ofreció hacer entrega de $1.500 y realizar tareas comunitarias. El tribunal no hizo lugar al pedido y Hernández apeló la decisión. A finales de diciembre de 2016, la Corte de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa, representada por el abogado Jorge Toledo. Sin embargo, el defensor casó la resolución y aún no fija una nueva fecha para el debate.
