Todo estaba listo en la Cámara Penal de Tercera Nominación para iniciar el debate por fraude a la administración pública, un hecho registrado en 2014, en el municipio de San José, en el departamento Santa María. Sin embargo, a último momento la audiencia se suspendió y el acusado pidió la "probation" -la suspensión del juicio a prueba-. En 10 días, el tribunal resolverá en audiencia si da lugar al pedido o no.
El imputado es Claudio Quinteros, un ex empleado del Municipio de San José. El abogado defensor, Jorge Toledo, adelantó que su cliente ofrecerá $50.000 “a los efectos de ver de alguna manera de resarcir el perjuicio”. Explicó que “la idea es evitar estigmatizar al imputado haciendo un ofrecimiento que sirva para el erario público de alguna manera y que mi defendido cumpla con tarea comunitarios que le sean asignadas”.
Según detalló, los hechos se registraron durante la gestión Julio Lagoria, en 2014. También indicó que para comienzos del año pasado se había fijado fecha de debate pero, por una cuestión de agenda del tribunal (en aquella ocasión se había dispuesto un debate colegiado), se suspendió.
En el mismo tribunal se encuentra el expediente de Mónica Hernández, ex intendente de San José, imputada por el delito de "fraude contra la administración pública". La ex jefa comunal fue acusada de contratar de forma irregular un camión Mercedes Benz propiedad de Oscar Maldonado, por el cual se pagaba $19.800 el mes e incluía el pago de combustible. Esta contratación se llevó a cabo durante 12 meses. Además, la última parte de su gestión se caracterizó por fuertes denuncias en su contra que acarrearon una crisis institucional sin precedentes en el municipio.
La causa fue enviada a la Cámara Penal de Tercera Nominación y el debate estaba previsto para marzo de 2016. Hernández pidió la probation y ofreció hacer entrega de $1.500 y realizar tareas comunitarias. El tribunal no hizo lugar al pedido y Hernández apeló la decisión. A finales de diciembre de 2016, la Corte de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa, representada por el abogado Toledo. Sin embargo, el defensor casó la resolución y aún no fija una nueva fecha para el debate.
Otro ámbito
En septiembre del año pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) inició un debate de “estafa en perjuicio a la administración pública”. El imputado fue denunciado, un ex empleado del Banco Nación de una sucursal del interior provincial, en febrero de 2012 porque entre agosto de 2011 y octubre de ese mismo año había realizado débitos y pase de fondos.
Su abogado defensor "Luciano" Rojas había pedido la ‘probation’ y ofrecido un pago de $3.000. El juez federal José Camilo Quiroga Uriburu no hizo lugar al pedido de probation, habida cuenta de que el acusado se desempeñaba laboralmente en el ámbito público. Dada la respuesta, se fijó una audiencia para el debate.
