El empleado judicial imputado del delito "hurto simple en calidad de coautor" será enviado a juicio después que la Cámara de Apelaciones revocara lo dictaminado por el Juez de Control de Garantías Héctor Rodolfo Maidana, quien había ordenado el sobreseimiento. El fiscal de la causa, Ezequiel Walther, apeló lo resuelto por el juez y finalmente el Tribunal de Alzada le hizo lugar a su pedido.
El empleado judicial es Jesús del Valle Andrada, quien se desempeñaba en uno de los Juzgados Correccionales. Es familiar de un juez de cámara y ya fue exonerado del Poder Judicial.
Andrada fue protagonista de dos hechos de hurto similares. En ambos casos robó ruedas de vehículos, uno de ellos fue en grado de tentativa. Uno de los episodios sucedió en Abril del año pasado y recaló en la fiscalía de instrucción Nº4. El fiscal imputó el delito de “hurto en calidad de coautor”, finalizó los pasos procesales y solicitó al juez el envío a juicio del expediente.
Fue esa solicitud la que trajo aparejado fuertes enfrentamientos y críticas entre Walther y Maidana quienes se cruzaron en distintos planteos. La defensa de Andrada se opuso al requerimiento del fiscal y el juez le hizo lugar solicitando el sobreseimiento. Ante eso el representante del Ministerio Público apeló la medida de Maidana y criticó la actuación del juez por "cercenar de manera flagrante los Derechos del Ministerio Público y afectar gravemente las condiciones rudimentarias más mínimas del debido proceso", rezaba la presentación a la que tuvo acceso El Ancasti.
El fiscal señaló en la presentación que los fundamentos de la resolución emitida por el juez "adolecen de fundamentación aparente” y descalificó al magistrado al señalar que "merece la total y absoluta falta de previsión del pedido de copia del auto atacado, puesto que ello constituye un preocupante resabio oscurantista e inquisitivo por parte de un juez de Garantías".
Maidana por su lado remitió Fiscalía General y al Procurador de la Corte de Justicia una copia certificada de la presentación de Walther y había señalado a los medios que las expresiones del fiscal terminan "vulnerando reglas de ética fundamentales y que podrían ser generadoras de perturbaciones en las relaciones entre magistrados y funcionarios con el consecuente perjuicio que trae aparejado a la administración de Justicia”.
El Tribunal de Alzada resolvió a favor del Ministerio Público y el empleado judicial irá a juicio.