Hace dos años, dos artesanas de apellido Romero y Orellana, en el marco de la marcha por Ni Una Menos, contaron que fueron alojadas en la Comisaría Primera, donde aseguran que fueron torturadas por parte de varios oficiales. Si bien iniciaron el proceso legal correspondiente, a la fecha solo una mujer policía está imputada por el delito de "severidades”. Esta causa fue elevada a juicio pero los abogados patrocinantes solicitaron a la Cámara de Apelaciones que también sean imputados otros policías más, que habrían participado en este hecho pero, a ocho meses de este pedido, no hay respuesta.
Sebastián Vergara Veaux, abogado que representa a las artesanas, comentó que se presentó en la Secretaría de Seguridad un pedido de informe sobre la situación de los policías denunciados, dado que según se les habría comunicado, éstos se encuentran en actividad. A la vez, insistieron en que se investigue al respecto por la gravedad del hecho denunciado.
En este sentido, el abogado indicó que solo la oficial Dagma Yazmín Moya es la única imputada penalmente por el delito de "severidades” –y estaría cumpliendo funciones-, pese a que otros cinco policías más están involucrados. Dada esta situación, se solicitaron informes de sumario interno. En tanto que hace ocho meses se elevó a la Cámara de Apelaciones que se investigue a todos los involucrados y que se les impute el delito de "torturas”.
