Una audiencia de suspensión de juicio a prueba, popularmente conocida como ‘probation’, se desarrolló ayer en la Cámara Penal de Tercera Nominación, presidida por el juez Marcelo Soria. Jorge Alejandro Chávez (34) se sentó en el banquillo de los acusados imputado por los delitos de “amenazas simples” y “lesiones graves calificadas por haber mediado una relación de pareja”.
En enero, su pareja, una mujer de 29 años, denunció que la había golpeado con trozo de madera y luego la habría amenazado. El médico de Sanidad Policial, Fernando Tejerina, asentó, por los golpes recibidos, que necesitaba más de 30 días de curaciones.
El defensor oficial Nolasco Contreras pidió la ‘probation’ para su defendido pero el fiscal Rubén Carrizo se opuso. Fuentes judiciales informaron que el agravante de “relación de pareja” fue el motivo por el que rechazó este pedido. Dada esta circunstancia, el juez Soria no hizo lugar al pedido. El debate tendrá una nueva audiencia.
La violencia de género es un delito que no admite el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Tampoco permite la instancia de la mediación. Entre los antecedentes judiciales se encuentra la probation denegada por el juez Correccional de Segunda Nominación, Luis Mario Varela, en agosto pasado por un hecho de diciembre de 2013.
Por entonces, hace cuatro años, un empleado policial, en el marco de una discusión con su pareja, se vio desbordado. Agarró de un brazo a su compañera de vida y la amenazó de muerte. La mujer lo denunció por “amenazas”. Su abogado defensor, Orlando del Señor Barrientos, había solicitado la suspensión del juicio a prueba; su cliente había ofrecido como reparo la suma de $500 y había expresado su voluntad para realizar trabajos comunitarios. No obstante, la fiscal Olga Pereyra no dio una acogida favorable al pedido por haber mediado violencia de género. Dada esta situación, el juez no hizo lugar al pedido de ‘probation’ y se debió fijar una nueva fecha de audiencia para el debate.
En su fundamentación, el magistrado consideró que se trató de “violencia de género. Consecuentemente no se puede prescindir del debate. El juicio debe ventilarse”. También consideró que el Estado “se ve obligado a adoptar todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia y a llevar a cabo, entre otras medidas, la aplicación de procedimientos legales justos y eficaces a favor de la mujer que haya sido sometido a violencia, lo que incluye un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos”.