Emilio Leiva llegó al banquillo de los acusados, en la Cámara Penal de Segunda Nominación, imputado por el delito de “encubrimiento agravado por ser cometido con ánimo de lucro” en calidad de autor. En noviembre de 2016 en la localidad de Pozo El Mistol, departamento Valle Viejo, vendió una pistola calibre 9 milímetros a $2.000.
Denunciado por el hecho, a fin de evitar el debate, solicitó la ‘probation’-. Su abogado defensor, Pablo Vera Aráoz, efectuó el pedido pero el fiscal Gustavo Bergesio se opuso.
El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que se trataba de un delito grave, al que le podría caber la privación de la libertad. Al mismo tiempo, remarcó que el acusado cuenta con peligrosos antecedentes. Según Bergesio, “vender una pistola no es igual a vender una licuadora”, dado que con un arma de fuego en las manos se pueden cometer otros delitos.
El juez Rodolfo Bustamante no hizo lugar al pedido de la defensa y negó el pedido de la probation. Se fijará fecha para la audiencia de debate.
En otro orden, en la Cámara Penal de Primera Nominación, en un debate unipersonal presidido por el juez Fernando Esteban, Marcelo Callafa fue condenado a la pena de 9 meses de prisión efectiva por el delito de “hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa”. El hecho fue en julio pasado y, debido a que tenía antecedentes, fue declarado reincidente.
