Imputado por enriquecimiento ilícito, está previsto que hoy el ex juez federal Felipe Terán se siente en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF). Se trata del segundo juicio al que se debe enfrentar el ex magistrado. El Tribunal estará integrado por los magistrados Gabriel Casas, Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga (reemplaza a Carlos Enrique Jiménez Montilla, que se excusó).
El inicio del juicio oral había sido postergado por distintos motivos desde el año pasado. Se había anunciado que se realizaría en agosto pero en esa ocasión también se suspendió, hasta hoy. Terán es el primer acusado de posible enriquecimiento ilícito acusado en Tucumán. La pesquisa que involucra al ex funcionario público comenzó en 2003.
Siete peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Ministerio Público Fiscal de la Nación y de la Defensoría General de la Nación llegaron a la conclusión unánime de que el patrimonio del ex juez federal de Tucumán (también lo fue en Catamarca en la década del noventa) Felipe Terán tuvo aumentos injustificados durante el período 1999-2005.
La maniobra descubierta y posteriormente investigada por el fiscal federal Carlos Brito arrojaba que existió una pretensión de cobrar el valor nominal de títulos públicos en default -pesificados en forma obligada por la disposición del gobierno durante la crisis de 2001- mediante el otorgamiento de medidas cautelares. El dato que despertó la atención de los auditores y de la Justicia fue que los bonos presentados habían sido adquiridos a precio vil después de la cesación de pagos.
En este caso, un grupo de tucumanos habría invertido $4,3 millones en títulos entre 2004 y 2005, y obtenido -en cuestión de semanas- U$S5,2 millones o $15 millones (según la cotización de entonces).
La auditoría tuvo como conclusión la destitución de Terán y la renuncia de Jorge Parache, el otro juez.
El mayor salto de ingresos injustificados se dio entre 2003 y 2004, según la peritación practicada por los contadores Oscar Fernández, Rubén Miguel Pappacena y Abel Guillermo Britos (por la Corte de la Nación); Aída Judith König, Nicolás Scher y Gloria Raquel Acevedo Villalba (por el Ministerio Público), y Ana Celina Attademo (por la Defensoría General). El informe indica que Terán tuvo ingresos injustificados por $1.614 en 2003: al cierre del ejercicio siguiente, ese monto ascendió a $257.000.
En el período 1999-2005, Terán adquirió cinco inmuebles (uno en la provincia de Buenos Aires; tres en San Miguel de Tucumán y uno en Raco), y dos vehículos (un Mercedes Benz C250 y una camioneta Toyota Hilux), y vendió una propiedad en Buenos aires y dos autos (un Renault Twingo y otra camioneta Toyota). Su familia vivía de los salarios del juez y de la jubilación de su esposa, Luisa Chiarello.
El ex magistrado destituido por mal desempeño y luego condenado por maniobras con títulos públicos -mediante un fallo que aún no está firme- será el primer funcionario de la provincia de Tucumán juzgado por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
Felipe Terán es un ex juez federal de Catamarca. Había llegado a esta instancia luego de que una Auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación -con fecha 25 de agosto de 2005- determinara que en los Juzgados Federal N° 1 y N° 2 -a cargo de Terán- se detectaran irregularidades en el trámite de causas con títulos públicos.
Primera condena
En 2014 fue condenado por maniobras con títulos públicos pero el fallo de ejecución condicional aún no está firme. El tribunal lo encontró culpable de maniobras delictivas con títulos de la deuda pública y fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso y a seis años de inhabilitación para ejercer como abogado, según el fallo dado a conocer por el Tribunal Oral Federal de Tucumán. El ex juez federal tuvo su última palabra en la que se expresó inocente y manifestó: "A alguien le toqué los talones con mi denuncia".