José Manuel Colombres, un tractorista oriundo de Los Altos, comenzará a ser juzgado desde hoy en la Cámara Penal Nº3, por el homicidio del abogado Raúl Eduardo Dahbar (69), ocurrido en el ingreso de su finca, en el paraje Las Palmitas, en el departamento La Paz.
Próximo a cumplirse los tres años -el hecho de sangre ocurrió el 23 de diciembre del 2014- finalmente el caso será ventilado ante el Tribunal conformado por los jueces Patricia Olmi, Marcelo Soria y Jorge Palacios.
El debate había sido programado por primera vez para el 31 de julio, pero a raíz de un problema de salud del fiscal de Cámara, Rubén Carrizo, el juicio tuvo que ser suspendido sin nueva fecha de debate.
El juicio está previsto que comience hoy a las 8.30. Colombres tiene como abogados a Fernando Contreras y Ariel Salavarría, en tanto que la familia Dahbar se constituyó en querellante de la causa y estará representada por la abogada Cecilia Avellaneda.
El cuerpo de Dahbar fue encontrado por una de sus hijas, el mediodía del 24 de diciembre. El cadáver estaba tirado a un costado de su camioneta VW Amarok, y según las pericias realizadas, habría sido ultimado entre las 8.45 y las 11 del 23. Dahbar se encontraba en su camioneta y según la instrucción de la causa, fue interceptado por Colombres, quien le descerrajó tres tiros lo que le causó la muerte en forma inmediata.
El tractorista fue localizado una semana después tras un allanamiento realizado en una propiedad en Lavalle, en el territorio de Santiago del Estero. Fue trasladado a una comisaría de Frías y, posteriormente, a San Antonio.
La fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial, Virginia Duarte Acosta, le imputó el delito de "homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego". El hombre se abstuvo de prestar declaración y días más tarde, la defensa realizó una denuncia por supuestos apremios policiales cuando estuvo detenido.
Tras estar un año privado de su libertad, Colombres fue dejado en libertad por un fallo de la Cámara de Apelaciones que decidió revocar la prisión preventiva y ordenó la libertad del hombre ante una serie de irregularidades que obraban en la causa. La defensa del imputado había denunciado públicamente esas fallas en la pesquisa y solicitó en reiteradas oportunidades que se investigue a otro empleado de la finca.