A un año del horroroso momento que debieron vivir Pamela Romero y Fabiana Orellano, las artesanas que denunciaron tortura policial durante la primera marcha denominada Ni Una Menos, aseguran que la causa continúa impune, ya que solo se imputó a una de las mujeres policías cuando ellas contabilizaron a más de 6 uniformados. Pamela, quien permaneció dos días pese a estar dando de mamar, habló con El Ancasti, revivió sus días de tortura y aseguró que debió irse de la provincia debido a los constantes acosos que sufría por parte de esos efectivos a los que dejaron "impunes" y la "inacción de la justicia". También habló el abogado de las jóvenes, Sebastián Vergara, quien contó sobre la situación actual de la causa.
Pamela, aún perturbada por lo sucedido hace un año en la Comisaría Primera, relató detalladamente lo que debieron vivir ambas y principalmente ella, quien estaba dando de mamar, en aquel momento.
Según explicó todo comenzó porque unos policías motorizados comenzaron a molestarlas para se fueran del lugar que los inspectores municipales les habían asignado hacía pocos minutos, al costado del Cine Teatro. La bronca surgió porque ellas se negaron a acatar sus órdenes, debido a que no tenían competencia.
El terror comenzó a vivirlo a los pocos minutos cuando la cargaron en la camioneta y las iban llevando. La oficial denunciada se resbaló y se cayó y desde ese momento y durante casi 24 horas no dejó de golpearla, insultarla, humillarla, picanearla y obligarla a hacer sentadillas.
Dagma Moya fue la única imputada. No obstante hubo otros, también policías hombres que la golpearon. "Uno de ellos además se apoyó con su cuerpo desde atrás y me dijo: Viste putita ¿te gusta hacerte la loca? ¿Quién es más loco ahora?, mientras me apoyaba y también me decía otras cosas pervertidas", señaló. Para parar los golpes, llegó a decir que estaba embarazada y que no quería perderlo, y ni aún así cesaron de golpearla.
Pamela explicó que la tortura no concluyó cuando el fiscal que estaba de turno, le pidió disculpas y le otorgó la libertad cuando supo que tras 30 horas de esa situación la leche que no pudo darle a su bebé le estaba manchando la remera.
Según señaló, el miedo la paralizaba cada vez que veía un policía. "Nos notificaban de cosas e iban a las 12 de la noche y prendían la sirena como si fueran a llevarnos presas otra vez", contó. Asimismo, manifestó desconfianza porque la justicia "actuó impunemente".
"Solo imputaron a Moya, que además sigue trabajando. Cuando fue la rueda de reconocimiento yo le señalé al fiscal que en ese lugar estaban otros policías que estuvieron y que vieron y no hicieron nada y algunos que también me golpearon. Uno de ellos los advertía para se encarguen de que no vayamos a denunciar, pero el fiscal no me escuchó. No hizo nada", explicó.
El médico de policía que la revisó, también habría tenido alguna responsabilidad. Es que, según contó no quiso mirarla, y tampoco la escuchó cuando pidió que al menos avisen a su familia y se encarguen de sus hijos que habían quedado solos. "Le mostré las heridas que tenía en todo el cuerpo pero me decía que no quería ver", aseguró.
Por todo esto y por el miedo que continuó teniendo sabiendo que se encontraba a los policías en el centro de la provincia, es que decidió irse de acá en febrero. No obstante, Fabiana quedó y siente el mismo temor que ella.
La causa
En aquel momento, las chicas fueron acusadas por resistencia a la autoridad por la misma oficial que las golpeo y picaneó. Esa causa fue enviada a juicio con ellas dos imputadas.
En tanto, la denuncia por torturas que ellas hicieron nunca fue escuchada. Es que, para el fiscal, la picana, los golpes, la vulnerabilidad de la madre dando de mamar, la obligación de decirle a la oficial Moya "vos estás más loca que yo" y las secuelas no fueron suficientes y concluyó imputando sólo a la mujer policía por severidades, un delito excarcelable.
El miedo que fue manifestado y pedido a través de un recurso de Habeas Corpus, tampoco fue escuchado y no se les hizo lugar.
La causa fue dada por finalizada y elevada a juicio hace pocos meses. No obstante, el querellante presentó un recurso de oposición. La razón principal es que la imputación "debe ser torturas". "Si no está probada hasta el momento, es por negligencia propia de la fiscalía" advirtió Vergara. También denunciaron por robo a los uniformados, pero nada se hizo al respecto.
CUESTIONAMIENTO
La causa fue elevada a juicio solo con una oficial policía imputada (Dagma Yasmín Moya), cuando las artesanas denunciaron a la mujer, un oficial de apellido Giménez (que fue reconocido), a tres motoristas de las Unidades Kapa, a otra mujer policía que actuó como administrativa, al comisario responsable de la Comisaría Seccional Primera y un Subcomisario que también estuvo en el lugar.
Ambas denunciaron que el celular que utilizaron para filmar a los policías que les "ordenaban" salir de donde estaban, fue robado. Nunca se imputó por el robo a los policías.
Los allanamientos para buscar las picanas (que les aplicaron a las mujeres en los senos y otras partes íntimas) se concretaron 4 meses después de la denuncia. También se buscó el celular denunciado como robado, 4 meses después. Lógicamente los resultados fueron negativos.
Nunca se les practicó una pericia psicológica a las artesanas (para conocer el grado de afectación tras la tortura) y tampoco a la única oficial imputada (para conocer el grado de violencia).
