La Corte de Justicia de Catamarca gasta un total de 770.000 pesos por mes en alquileres de propiedades en la provincia, en donde funcionan juzgados, fiscalías, cámaras penales, unidades judiciales, archivo etc. Se alquila un total de 47 inmuebles de los cuales 32 están en el Valle Central. La mayoría fueron viviendas y si bien fueron acondicionadas son muy pocas las que cumplen con los acceso a discapacitados. El más crítico es en donde funcionan las 9 fiscalías penales. Un edificio que ya quedó obsoleto para la demanda. Mientras tanto, el máximo tribunal aún espera la respuesta de la Gobernadora de la provincia en cuanto el proyecto de "Ciudad Judicial” que se encuentra en el Ministerio de Obras Públicas para ser aprobado.
El secretario de la Superintendencia de la Corte de Justicia, Lucas Tadeo, en diálogo con El Ancasti se refirió a la situación y aseguró que cada vez es más difícil encontrar propiedades que respondan al requerimiento. Por ejemplo, señaló que "el edificio en donde funcionan las 9 fiscalías penales más la Fiscalía General es el más crítico de todos. Lo sabemos, pero no encontramos un lugar en donde pueda funcionar. Cada fiscalía necesita como mínimo 5 oficinas cada una, por lo que necesito un edificio para 50 oficinas y no hay en Catamarca”, se lamentó.
Por esa problemática señaló que cuando van a buscar "nos tenemos que conformar con lo que hay y a veces piden un monto exagerado. Somos muy buenos clientes, pero no vamos a pagar más de lo que paga un particular. Pero se ve que hay costumbre en otros poderes en donde el alquiler es altísimo. Es más, nosotros no pagamos comisión inmobiliaria ya que siempre pactamos con los dueños”, puntualizó Tadeo.
Señaló que además de abonar mensualmente más 700.000 mil pesos, se gasta en acondicionar cada lugar ya que en general las propiedades fueron casas de familia y deben ser acondicionadas para oficinas. "Tenemos serios problemas al momento de trabajar en lo que son los accesos para discapacitados, ya que a veces los dueños de las propiedad no permiten esas modificatorias o si se las realiza al finalizar el contrato se debe volver a gastar en sacarlas y dejar todo como estaba”, detalló.
"En donde se hizo un hermoso trabajo y actualizado es en el archivo, pero es una pena que después se deba desmontar todo lo que está allí, ya que también es alquilado. Solo el edificio de la Corte de Justicia es de su propiedad, todo lo demás se paga, señaló.
Sin respuestas
En junio del año pasado La Corte de Justicia le envió una nota a la gobernadora Lucía Corpacci en la que expresaba su preocupación por la decisión de cambio de destino del inmueble donde funcionara el anterior Servicio Penitenciario. Predio en donde se había proyectado la "Ciudad judicial". En los medios se informó que en el lugar se levantaría ahora un edificio que albergaría las carreras de formación artística y de comunicación. Hasta el momento no hubo respuesta a la nota enviada.
Fiscalía Penal, un edificio que ya colapsó
El edificio donde funcionan las nueve fiscalías penales y la Fiscalía General, en Junín al 600, es uno de los 47 que alquila la Corte de Justicia y es el más deplorable e inseguro, en donde la falta de espacio es el principal problema. En él conviven fiscales, empleados, detenidos, policías, abogados y el público que transita a diario en los dos pisos y la planta baja.
A diario se convive con la humedad en las paredes, tanto en el interior de las oficinas como en los pasillos. Los armarios en los estrechos pasillos son ya una parte del paisaje diario. La ausencia de ventanas en las oficinas y las puertas de vidrio representan un constante peligro sumado a la falta de una salida de emergencia como corresponde.
Las personas con discapacidades motoras no pueden acceder a la planta alta ante la falta de un ascensor. Los empleados deben bajar al primer piso y atenderlos en el mismo pasillo.
Los baños son compartidos por los empleados con el público en general.
Si bien en el ingreso se encuentran policías, el lugar es de fácil acceso ya que no se solicita identificación y el detector de metales que se había instalado, nunca fue utilizado.
El lugar es objeto de manifestaciones sociales en cuyos hechos se dañaron vidrios y ventanas. El más grave de los atentados fue cuando se quemaron neumáticos en la puerta del edificio y los empleados y fiscales debieron subir al techo para resguardarse al no existir otra salida de emergencia.
Desde 2001, desde que fue alquilado, la situación solo cambió para peor.
