En el marco de la audiencia que estaba fijada ayer para debatir el homicidio preterintencional de Juan Ramón Jiménez, la familia de la víctima protestó porque el acusado, Marcos Olivera, solicitó la suspensión del juicio a prueba (probation) y ofreció resarcirlos con 6.000 pesos. La posibilidad de que se le otorgue el beneficio al encausado deberá resolverla el juez de la Cámara penal Nº2, Jorge Álvarez Morales.
Durante la breve audiencia, Olivera ratificó el pedido realizado por su defensora Mariana Vera. También explicó que actualmente sigue conviviendo con la hija del hombre fallecido, con quien tiene un hijo en común.
Tras pasar a un cuarto intermedio hasta que el juez pueda resolver si corresponde que el debate se realice o no, la familia de Jiménez, entre los que podían contabilizarse la esposa, hijos y hermanos del fallecido, reclamaron en la puerta del juzgado y se mostraron indignados ya que para ellos Olivera sí tuvo intención de matar.
"Nosotros no tenemos abogado, pero queremos que se haga el juicio y que se lo juzgue como tiene que ser”, manifestó la esposa de Jiménez a este diario. En tanto, tomaron como una afrenta el ofrecimiento de dinero por parte de Olivera. "Dejó a 10 hijos sin padre. La plata no devuelve una vida”, manifestaron.
El hecho que llevó a Olivera al banquillo de los acusados se registró el 17 de diciembre de 2012 en una vivienda de Valle Viejo. En aquel momento, víctima y victimario habrían mantenido una acalorada discusión primero de manera verbal y luego a golpes de puño. En un momento, Olivera habría ido a buscar un hierro que estaba en otro sector del patio de la vivienda y concluyó golpeando en la cabeza a Jiménez.
El golpe no solo dejó inconsciente al hombre, quien tenía 49 años, sino que le produjo una herida de 6 cm que concluyó con su vida el 22 de diciembre. La instrucción de la causa determinó que Olivera no habría tenido la intención de asesinar a su suegro.
Abuso
En tanto, un dato que sorprendió a la familia de la víctima fue que en el marco de la audiencia se conoció que el acusado tiene una causa abierta por un abuso sexual con acceso carnal. Este hecho lo habría cometido también en 2012. Según se pudo saber, en aquel momento Olivera y otro joven de apellido Brizuela habrían atacado a una conocida a la salida de un boliche bailable. El protocolo de abuso habría sido positivo, pero se desconoce si la causa fue concluida y enviada a juicio.
