Durante la mañana de ayer se realizó una audiencia de probation a pedido de Germán Arévalo (39), el chofer del Ministerio de Educación que fue sorprendido trasladando a dos trabajadoras sexuales en el vehículo oficial en mayo de 2013. El fiscal de la Cámara Penal N° 2, Gustavo Bergesio, se negó al pedido del beneficio argumentando que no se podía al tratarse de un delito contra la administración pública. El joven tiene que responder además por tres causas por encubrimiento debido a que fue sospechado por cobrar rescate por motos robadas.
Durante la audiencia solicitada por el defensor de Arévalo, Bergesio negó la solicitud, por lo que señaló que en casos de "peculado”, el delito que se endilgó al acusado, el juicio tiene que realizarse.
El caso trascendió públicamente luego que Arévalo fuera sorprendido conduciendo la camioneta del Ministerio de Educación de la Provincia a altas horas de la noche y con dos mujeres que aseguraron que trabajaban como alternadoras en una whiskería. La policía lo hizo detener en el puesto caminero de El Portezuelo y allí comprobaron que no estaba en una misión oficial y que además trasladaba a estas dos mujeres sin la correspondiente autorización del Estado.
Durante la audiencia, Arévalo habría admitido que utilizó el vehículo sin el permiso correspondiente, pero que lo habría hecho para viajar hasta la localidad de Huacra, lugar en donde reside su padre que en ese momento habría estado enfermo. Asimismo, señaló que las dos mujeres le habrían pedido el favor de que las lleve y que por esto mismo él las llevaba, negando cualquiera otra intención.
Arévalo, además de este delito, estaba acusado por tres hechos de encubrimiento por situaciones denunciadas en 2008. En aquel momento, habría actuado junto a Rubén Fabián Espeche, cobrando "rescate” por devolver motocicletas robadas.
Espeche también solicitó la suspensión del juicio por la parte que le tocaba y a él sí le fue concedida. Arévalo, en tanto, tendrá que enfrentar un juicio por los cuatro delitos que está acusado. El delito de peculado establece penas que van desde 2 meses hasta 10 años de prisión.
