La Justicia Civil concretó en la mañana de ayer un allanamiento en el edificio de la EC SAPEM a raíz de la imposibilidad de obtener informes relacionados con una presunta sobrefacturación por parte de la empresa de energía eléctrica, y que perjudicó a un cuantioso número de usuarios.
La medida fue dispuesta desde el Juzgado Civil de Quinta Nominación, a cargo de la jueza Marcela Soria Acuña, luego de que desde la entidad manifestaran que no contaban con la documentación solicitada. El año pasado el Juzgado, mediante oficio, había pedido un informe sobre las facturaciones realizadas entre el período 2007-2014, después de que una asociación de consumidores presentara una acción de amparo por el exagerado monto de las boletas del servicio. La demanda había sido presentada en diciembre de 2011, en el tramo final del gobierno de Eduardo Brizuela del Moral.
La causa recaló en el Juzgado Civil N° 5 y, ante esto, se exigió a la EC SAPEM la presentación de esa documentación. Sin embargo, desde la empresa se contestó que no contaban con esa información.
Ante esta negativa la Justicia concretó el allanamiento que se realizó ayer, alrededor de las 10, en las instalaciones que la empresa tiene en avenida Ocampo. Según trascendió extraoficialmente, el procedimiento se llevó adelante con la colaboración y la buena predisposición del personal de la EC SAPEM.
En ese sentido, el secretario del Juzgado y oficiales de justicia procedieron al secuestro de documentación contable y administrativa, para que se analice si existió sobrefacturación.
Polémica
Las sobrefacturaciones salieron a la luz en octubre de 2011 y motivaron la acalorada protesta de miles de usuarios que sufrieron las consecuencias de un mal cálculo del precio que se les debía cobrar por cada unidad de energía consumida en sus domicilios.
En su momento, desde el directorio de la otrora EDECAT habían propuesto realizar descuentos en las próximas facturas, no obstante, un sector de los afectados no había aceptado y exigía la devolución del dinero.
El error de EDECAT y luego del ENRE fue que se cobró un precio mayor por consumos superiores a 1.000 kilowats hora (kw/h) de los meses de junio y julio, cuando tenía vigencia un subsidio entregado por el Gobierno Nacional. Por este error, fueron afectados 14.193 usuarios, cerca de un 10% del padrón general de usuarios de la provincia.
