Está involucrada en una investigación por más de 70 hechos de estafa. Declaró durante dos horas ante el fiscal Marcelo Sago. La semana entrante se tomarían más indagatorias.
La ex directora de Educación Pública de Gestión Privada Ana María Brunás de Martínez declaró como imputada del delito de falsedad ideológica en la causa que se investiga una presunta estafa por parte de los propietarios del Instituto de Enseñanza Superior Nuestra Señora del Valle, porque durante cuatro años dictaron la carrera de técnico en prótesis dental sin encontrarse adscriptos a la enseñanza oficial. Durante más de dos horas, la ex funcionaria hizo un descargo detallado y negó responsabilidad al sostener que durante el lapso que estuvo al frente de la dirección no se otorgó ningún tipo de permiso para el funcionamiento de ese establecimiento.
Así se pudo conocer de fuentes judiciales, las que indicaron que Brunás de Martínez fue la primera de los imputados que fue llamada a declarar ante el fiscal de instrucción Marcelo Sago, quien tiene a su cargo la investigación de la causa. Asistida por el abogado Víctor García, Brunás fue informada sobre los cargos que pesan en su contra.
Pero aseguró que durante su gestión al frente de la Dirección -entre los años 2001 y 2004- no hubo autorización para la adscripción del Instituto.
Además de Brunás, están imputadas otras funcionarias que ocuparon el mismo cargo y supervisores, ya que, según la imputación, habrían permitido que el mencionado instituto privado funcionara con total normalidad e incluso lo sometieron a reiteradas supervisiones.
Además, están acusados quienes figuraban como rector del instituto, Hivar Baca Jiménez, y la apoderada Deborah Baca Jiménez. Las indagatorias continuarán la semana próxima, a partir del martes. Estafados
El caso salió a la luz en febrero de 2005, cuando los 76 alumnos del Instituto de Enseñanza Superior Nuestra Señora del Valle, que funcionaba en un inmueble de calle Esquiú 215 de esta ciudad, se dieron con la desagradable sorpresa de que el establecimiento había cerrado sus puertas sin mayores explicaciones. Muchos habían cursado dos años de la carrera de Técnico en Prótesis Dental, por la que abonaban un arancel mensual de 100 pesos.
En ese momento, la única explicación que tuvieron por parte de los responsables del establecimiento fue un escueto papel pegado en la puerta con una nota en la que se informaba que el instituto cerraba sus puertas.
Fue entonces cuando comenzaron a realizar gestiones en la Dirección de Enseñanza Pública de Gestión Privada. Y la supervisora de zona, Raquel Simino, les informó que el Instituto Nuestra Señora del Valle no tenía reconocimiento oficial por parte del Estado provincial.
Sin embargo, en la causa obran como prueba distintos documentos emitidos por el instituto en los que se aseguraba que estaba autorizado por la Dirección de Educación Pública de Gestión Privada, dependiente de la Subsecretaría de Cultura y Educación de la provincia de Catamarca.
