viernes 10 de abril de 2026

Recordaron a los mártires

Los sobrevivientes contaron parte de su historia personal, que incluyó torturas y cárcel. Hubo un duro cuestionamiento a defensores oficiales de la Justicia Federal y se pidió celeridad en los procesos abiertos por violación a los Derechos Humanos.

Con un acto organizado por entidades defensoras de los Derechos Humanos a nivel provincial y nacional se recordó ayer a los 16 integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo y del Partido Revolucionario de los Trabajadores (ERP-PRT) masacrados el 11 de agosto de 1974 en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario, en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

La ceremonia central, que consistió en el descubrimiento de una placa en el lugar de los históricos acontecimientos, contó con la presencia de al menos siete sobrevivientes del fallido intento de copamiento del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, de familiares de la mayoría de los 16 guerrilleros masacrados y de representantes de distintos organismos vinculados a la defensa de los Derechos Humanos.

Los actos comenzaron con una conferencia de prensa llevada a cabo en el centro Arte más Arte, en República al 400, donde Mirta Clérici y el abogado Guillermo Díaz Martínez recordaron aquel hecho histórico e informaron sobre el estado en el que se encuentra la causa judicial que actualmente se tramita en el Juzgado Federal de Catamarca, con dos ex militares imputados por delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles para la ley penal.El hecho

El momento más emotivo de la ceremonia se produjo con el reencuentro y presentación de quienes sobrevivieron por distintas razones a aquella masacre. La mayoría de ellos fueron compañeros en distintos penales del país durante más de una década, luego de ser condenados en un proceso judicial plagado de irregularidades.

La causa por la masacre de la Capilla del Rosario se inició en 2004, con una denuncia penal efectuada en el Juzgado Federal de Catamarca. En la causa no sólo se solicitó la investigación de aquellos hechos, sino también la identificación de cuatro cadáveres que fueron sepultados como NN en el cementerio municipal. Gracias a la colaboración del Equipo de Antropología Forense hasta el momento se identificaron y entregaron los restos de los guerrilleros Rutilio Betancourt, de nacionalidad uruguaya, sino también del santiagueño Alberto Rosales Sánchez.

Los distintos testimonios incorporados a la causa, como así también los protocolos de autopsia que figuraban en la causa inicial, permitieron acreditar que los 16 guerrilleros que entonces estaban bajo el mando de Antonio del Carmen Fernández entregaron sus armas ante la superioridad numérica de las fuerzas del Estado. Sin embargo, por orden superior, los jóvenes fueron aniquilados.

En el acto de ayer se leyeron numerosas adhesiones enviadas desde distintos puntos del país y se contó con la presencia de concejales del departamento Fray Mamerto Esquiú y de representantes de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación.
Documento En la ceremonia de homenaje a los integrantes del ERP que fueron masacrados en agosto de 1974 se leyó un documento confeccionado por organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos del Noroeste argentino.

En uno de los tramos se cuestionó duramente el curso legal de la causa al sostener que el defensor oficial Oscar Del Campo ha garantizada una emboscada legal para cristalizar la morosidad, al postergar el juicio a los acusados de haber participado en ese episodio de represión hace 34 años. La referencia estuvo dirigida a la situación de los ex militares Carlos Eduardo Carrizo Salvadores y Carlos Nakagama, los dos únicos imputados que tiene la causa.

Es que Del Campo presentó un recurso de apelación en contra del procesamiento de los ex militares, en el que cuestionó la entidad de delitos de lesa humanidad que le otorgó la justicia a los hechos investigados.
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