Piden imputar por torturas a tres policías de la tercera

El delito tiene una pena igual a la del homicidio. Por ello piden también que se ordene la inmediata detención. El hecho ocurrió en abril de 2005 en la Comisaría Seccional Tercera.

5 de octubre de 2008 - 00:00

El abogado de un joven que fue víctima de una severa golpiza mientras estuvo arrestado en la Comisaría Seccional Tercera solicitó que modifique la calificación de la causa en contra de tres uniformados y se les impute el delito de torturas, que tiene una pena de entre 8 y 25 años de prisión -igual que el homicidio simple-, y se ordene su inmediata detención. El hecho ocurrió en abril de 2005 y los tres imputados fueron acusados por vejaciones calificadas, en tanto que otros dos uniformados fueron imputados por el delito de encubrimiento agravado.

La presentación fue realizada por el abogado Pedro Vélez en representación como querellante particular de la pareja de Ramón Orlando Arréguez. La causa es investigada por la Fiscalía de Instrucción N° 5, en donde se determinó que la madrugada del 17 de abril Arréguez fue arrestado en el interior de un local nocturno de la avenida Presidente Castillo luego de protagonizar un desorden. Ante la resistencia de Arréguez a ser detenido, los policías identificados como Ramón Néstor Córdoba, Carlos Dante Toledo y Mario René Cejas debieron utilizar la fuerza para subirlo al móvil. El hechoUna vez que estuvo alojado en la sede de la Comisaría Seccional Tercera, el oficial Córdoba y el agente Raúl Aredes con la colaboración del agente Walter Andrés Soria lo trasladan al interior de la cocina, donde los tres funcionarios policiales comenzaron a golpearlo salvajemente al punto tal de hacer que se desmaye, e incluso comenzó a vomitar y orinar sangre, por lo que fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde fue internado. Según las pericias médicas incorporadas al expediente, la víctima sufrió hemiperitoneo por rotura de yeyuno ileon y desgarro del mesenterio por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, realizándosele una recesión intestinal, con sutura y avocamiento externo con drenajes correspondientes. Además de hematoma en el codo derecho, excoriaciones de ambas muñecas e importante hematoma escrotal, lo que le produjo incapacidad de 60 días.

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Ante esta golpiza, la Fiscalía imputó por el delito de vejaciones calificadas a los uniformados Córdoba, Aredes y Soria; un delito que tiene una pena de uno a cinco años de prisión. Mientras que para los policías Toledo y Cejas, que estuvieron en la comisaría mientras todo ocurría, les imputó el delito de encubrimiento calificado, por haber presenciado un ilícito y abstenerse de denunciarlo.

Sin embargo, el querellante consideró que los policías incurrieron en una figura penal más grave, que es la contemplada en el artículo 144 tercero del Código Penal, que en su primer párrafo reza será reprimido con prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas privadas de su libertad, cualquier clase de torturas.... Y destaca que la intensidad de los sufrimientos inflingidos superan a las simples severidades y vejaciones, siendo comprobable ello con el resultado provocado por la golpiza.

Para la querella, deviene a indudable que el sufrimiento que los imputados ocasionaron a la víctima fueron infligidas para torturarlo, ejerciendo una suerte de venganza o represalia porque, momentos antes del hecho, Arréguez había intentado huir del personal que pensaba aprehenderlo.

Luego de citar doctrina y jurisprudencia respecto de la interpretación de cuáles son los actos que deben considerarse torturas o tormentos, el abogado cuestionó la impunidad de la que gozan los funcionarios policiales en este tipo de hechos, los cuales rara vez son investigados por las autoridades (...), sea por la dificultad que presenta la investigación de hechos ocurridos en el interior de las dependencias policiales, o sea porque para los fiscales los numerarios policiales gozan de ciertos beneficios y prerrogativas, salvo que existan resultados de muertes. Prueba de ello es que no se conoce prácticamente ninguna causa en nuestra provincia que haya desembocado en sentencia en casos de vejaciones, apremios o torturas.

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