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Amenazaron al juez y fiscal federal

Ambos recibieron cartas intimidatorias, similares a las que se enviaron en las últimas 72 horas a otros jueces federales que investigan crímenes durante la última dictadura. Tildan de “delincuentes” y “terroristas” al presidente Kirchner y sus colaboradores.

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29 de septiembre de 2006 - 00:00
El juez y el fiscal federal de Catamarca recibieron ayer sendas amenazas por sus actuaciones en causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. En forma de cartas escritas con computadora, las “advertencias” fueron recibidas en los despachos oficiales por correo común y serían similares a las que se enviaron en las últimas 72 horas al juez Carlos Rozanski, titular del tribunal que condenó a reclusión perpetua a Miguel Etchecolatz, y jueces federales de Tucumán, Resistencia, La Rioja y Bahía Blanca, entre otros magistrados que se encuentran abocados a la investigación de tormentos y homicidios durante el último gobierno de facto.

La primera amenaza fue recibida en el Juzgado Federal en un sobre blanco y con un matasellos común, pero no a nombre del actual juez interino, Ricardo Moreno (de viaje en Buenos Aires), sino de Pedro Armando Navarro, quien inició dos causas por violaciones a los derechos humanos tras declarar la inconstitucionalidad de las llamadas “Leyes del Perdón”, la de Obediencia Debida y de Punto Final.

El sobre quedó en manos del secretario Penal Manuel Víctor Moreno (h), quien esperaría el retorno del juez actual para formular la denuncia penal.

Una misiva idéntica recibió ayer a la mañana el fiscal Santos Reinoso. En ella, los autores de la carta se proclaman “un grupo importante de argentinos dispuestos a luchar por la VERDADERA JUSTICIA, no atada a los intereses personales partidarios ni gubernamentales “de turno””(ver texto aparte).

Las amenazas son recibidas en un momento crucial de las investigaciones que se siguen en dos causas judiciales. Una tiene que ver con la desaparición y posterior asesinato de varias personas en Catamarca, entre ellas los hermanos Griselda del Huerto y Francisco Ponce, y del sobrino de ambos, Julio Genaro Burgos, hechos cometidos entre abril y diciembre de 1976.

Por estos hechos se encuentra imputado el actual coronel Rodolfo Mujica, quien estuvo detenido, se le otorgó la libertad al dictársele la falta de mérito y por quien los defensores pidieron el sobreseimiento total y definitivo. Precisamente esta cuestión debe ser resuelta en estos días por el juez Moreno.



Capilla del Rosario

Por otra parte, también se investiga en el Juzgado Federal de Catamarca la presunta ejecución de 16 guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en inmediaciones de la Capilla del Rosario, en agosto de 1974, durante el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón.

En esta causa se están completando los testimonios de algunas de las personas que estuvieron en el teatro de los acontecimientos y se estaría por convocar a los posibles responsables del cruento operativo. Tanto el fiscal Santos Reinoso como el juez Moreno radicarán en las próximas horas la correspondiente denuncia penal.
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