La presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti, asumió las deficiencias del sistema estatal que dejó expuestas el femicidio de María Milagros Vázquez, perpetrado por Juan Carlos Aguilar, quien la había tomado como pareja luego de abusar de ella mientras era su padrastro.
Aguilar fue absuelto en marzo de 2018 en una causa por abuso sexual y liberado, debido a que “insalvables errores” en la instrucción no permitieron reunir elementos suficientes para fundar una condena. El expediente fue archivado a fines de 2022.
El sujeto había estado preso antes durante ocho meses en el penal de Miraflores, condenado por una feroz golpiza a la que había sometido a la madre de Milagros, que era su pareja.
Dos instancias judiciales, una de ellas frustrada por fallas de la investigación. La Justicia, las fuerzas de seguridad, las autoridades civiles y la sociedad de Recreo contaban con información concreta que daba cuenta de la peligrosidad de Aguilar por lo menos desde 2016. Milagros era sometida a ultrajes y violencia por él desde que tenía 13 años. El 14 de julio pasado la mató.
Las pruebas contra el “Chacal de La Suerte” son abrumadoras, el único atenuante que atinó a esgrimir es que cometió el crimen alcoholizado. Para él la tercera será, sin dudas, la vencida, pero las culpas del sistema y la sociedad toda por el sufrimiento que se le permitió inferir son indelebles.
En ese contexto, las palabras de la doctora Rosales Andreotti constituyen un saludable indicio de conciencia institucional, sobre todo en contraste con una burocracia en general poco dispuesta a hacerse cargo de sus responsabilidades. Para la magistrada, “el caso es un paradigma de un recorrido donde el Estado le falló a esas personas en absoluta vulnerabilidad".
Aguilar, reconoció Rosales, "no fue condenado en el momento en el que se lo acusó de un delito tan grave como es un delito contra la integridad sexual, sino que la causa terminó en una cuestión en la que el Poder Judicial no habría -en principio y de acuerdo con lo que se informó-, investigado muy exhaustivamente, de manera tal que se pudiera haber llegado a una condena. Esas son las cuestiones que nos lastiman y no deben suceder".
"Ante la denuncia y la frustración del proceso el Estado, desde los órganos administrativos, no estuvo cerca de esa mujer que había denunciado haber sido víctima de abuso y de su mamá, que denunció ser víctima de violencia de género. El Estado no siguió ese caso, no acompañó a esa mujer, que en ese momento era niña, y a esos niños que nacieron como producto de esa relación. Es donde podemos ver el doloroso abandono por parte del Estado con los más vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores", continuó.
"Nos falta mucho –admitió-, es un trabajo transversal, con una responsabilidad que nos pertenece a todos los poderes del Estado. Este abandono tiene muchas aristas que debemos revisar en conjunto y que también debe revisar la sociedad, porque esa niña vivía dentro de un contexto social que tampoco dijo nada".
Justicia, poder político, sociedad… Buena cadena de responsabilidades, que van de la incompetencia funcional a una indiferencia que, con la muerte de Milagros, adquiere dimensiones escalofriantes.
Lo de Rosales Andreotti es toda una novedad. Confronta a Catamarca con sus miserias desde la cúspide del Poder Judicial.
Porque hay algo innegable: si Milagros hubiera estado mejor ubicada socialmente, Aguilar no se escapa de las redes estatales.