Ante la repercusión que tuvo la noticia de que el Gobierno provincial le otorgó un subsidio millonario para financiar las festividades de la Virgen del Valle de fines del año pasado, el Obispado de Catamarca salió a enumerar el destino de los gastos y a declarar que ponía a disposición de cualquier interesado la rendición de cuentas correspondiente. Están muy bien las especificaciones sobre el uso de los fondos y la vocación de transparencia de las cuentas eclesiales, pero los cuestionamientos que se le hacen a este tipo de aportes son otros y se vinculan más bien con las erogaciones excesivas que se hacen con dinero público, escaso, por otra parte, en función de las necesidades sociales, para financiar actividades, construcción de infraestructura, pago de servicios y sueldos a miembros del clero, entre otras, de un credo en particular.
No vaya a creerse que estos desembolsos permanentes son fruto solamente de la generosidad de las autoridades: hay por detrás de cada peso subsidiado numerosas y persistentes gestiones de miembros de la iglesia -que han hecho de este tipo de demandas una función esencial de su actividad- ante los miembros de los gobiernos en cualquiera de sus niveles.
El subsidio de las celebraciones por la Virgen del Valle, que culminaron con la procesión del 8 de diciembre, fue de más de 22 millones de pesos. Poco antes, el Obispado recibió otros subsidio de más de 9 millones para “realizar el cerrado perimetral y levantar la reja en el templo María Auxiliadora, situado en avenida Gobernador Galíndez 550”.
Prácticamente todos los meses la Iglesia Católica, que no se encuentra precisamente entre los sujetos empobrecidos o vulnerables de la nación argentina, se beneficia con aportes públicos. En octubre, por ejemplo, recibió un aporte de cinco millones para la continuación de un Salón de Usos Múltiples que posee en el Barrio Antinaco. La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca es también una gran aportante. Un informe del año 2017 publicado por El Ancasti señala que la mitad de los subsidios otorgados por el municipio tuvo como destinatario al Obispado.
Hace un año, el gobierno de la provincia le entregó al Obispado local nada más y nada menos que 30 millones de pesos, que a valores actuales serían algo así como 60 millones para indemnizar a los puesteros del Santuario de la Gruta Virgen del Valle que no querían retirarse para la realización de la megaobra del Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle, que también, por cierto, se construye con recursos estatales, de la Nación en este caso.
Pero además de los subsidios específicos, el Estado se hace cargo del pago de los servicios de energía eléctrica y el agua de los inmuebles, incluidos los colegios confesionales, de la Iglesia Católica, que también goza de exenciones fiscales.
El Estado nacional, además, se hace cargo del pago de los sueldos para los miembros del clero.
La justificación para estos aportes es el artículo 2 de la Constitución Nacional, que establece que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Pero estas prerrogativas y el status jurídico diferenciado respecto del resto de los cultos y confesiones, establecidos en el siglo XIX, constituyen un privilegio que no se corresponde con los tiempos actuales y la vigencia de un estado laico. Por esa razón, desde hace muchos años que se vienen elaborando proyectos para derogar las normativas que establecen privilegios económicos y jurídicos para la Iglesia. El último pertenece a la Red de Organizaciones Laicistas Argentinas, que sostiene que este financiamiento particular “entra en colisión con el principio de laicidad, que es central para las democracias, al garantizar la libertad y pluralidad de experiencias religiosas y creencias, así como las no creencias”.
La iniciativa seguramente generará arduas polémicas, pero es interesante que el tema empiece a debatirse como un aporte para la construcción de una sociedad donde las prerrogativas y los privilegios de algunos sectores empiecen a morigerarse hasta desaparecer, en consonancia con los preceptos de una democracia que debe garantizar la igualdad de derechos para todos.
