Uno de los logros que puede exhibir Argentina a nivel de políticas públicas es la reducción del embarazo no intencional en adolescentes, en el que tuvo una gravitación fundamental el Plan ENIA, ejecutado desde su creación en 2017 durante el gobierno de Cambiemos por los ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Educación. El propósito central del Plan es garantizar los derechos de los y las adolescentes al acceso gratuito de métodos anticonceptivos, la educación sexual integral y asesorías en las escuelas, la consejería en salud sexual y reproductiva y actividades de promoción comunitarias.
El éxito del programa es cuantificable: desde su inicio hasta 2021 logró reducir la tasa de fecundidad adolescente (entre 10 y 19 años) de 49,2% a 27%, lo que equivale a una caída del 49%.
Sin embargo, la gestión nacional asumida en diciembre pasado desmanteló el plan y lo desfinanció, afectando por ejemplo la compra de anticonceptivos. El presupuesto de este año del Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable del Ministerio de Salud es un 74% más bajo en términos reales respecto del que había el año pasado. Aún así, las partidas están subejecutadas. Los datos fueron presentados recientemente en un informe elaborado por la Asociación por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinaomericano de Justicia y Género (ELA), la Red de Acceso al Aborto Seguro (Redass) y el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (Cedes).
El ajuste para la implementación del Plan ENIA se complementa con el despido de 619 trabajadores capacitados en su implementación en todo el país.
Ante esta situación de incertidumbre, legisladores nacionales de distintas bancadas buscan garantizar su continuidad convirtiéndolo en ley. Hay dos proyectos con estado parlamentario en la Cámara de Diputados. Uno de ellos presentado por la socialista Mónica Fein y el otro por Silvia Lospenatto, del Pro. Las iniciativas contarían con el visto bueno de los diputados justicialistas, aunque no de los de La Libertad Avanza. Pero la cantidad de adherentes garantizaría su aprobación.
Uno de los problemas que señalan quienes impulsan el tratamiento de las iniciativas es que como prevén financiamiento del tesoro nacional, es inevitable que pase por la Comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert, quien podría cajonearlas al no incluirlas el temario de esa comisión.
En el Senado hay también un proyecto legislativo similar, en este caso impulsado por el justicialista Oscar Parrili.
La gestión libertaria debería entender que el costo de ejecutar el plan es muy inferior al de atender las consecuencias de su no implementación. Un estudio de la ONU consigna que el estado argentino requiere de aproximadamente 200 millones de dólares para afrontar los costos asociados a la atención de embarazos y partos en adolescentes. El Plan ENIA solo requiere de 17 millones de dólares. Y, más allá de los argumentos financieros, hay razones vinculadas a la contención de los sectores de mayor vulnerabilidad y los adolescentes son uno de ellos, que atender como obligación irrenunciable del Estado. n
