Uno de los tipos de violencia contra las mujeres que más ha escalado en los últimos años es la violencia en el entorno digital, que trae consecuencias tan graves como los otros tipos de violencia. Como señala la Defensoría del Público de la Argentina, genera consecuencias para la salud, la integridad psicofísica, la libertad personal, la libertad de expresión y constituye una violación a los derechos humanos.
La Relatoría Especial de las Naciones Unidas, en un paper presentado en 2018, señala por su parte que, en muchas ocasiones, “el simple hecho de que las mujeres estén en línea las pone en situación de ser víctimas de violencia de género. Esta posibilidad se acentúa cuando tienen una participación en conversaciones digitales o en la vida política o cuando se pronuncian en torno a temas relacionados con la igualdad de género”.
La violencia digital afecta también a las mujeres que militan o son dirigentes políticas, o ejercen algún cargo público. Ellas están expuestas a un nivel de violencia mayor que sus colegas varones y hay descalificaciones que no se refieren a sus posiciones políticas o ideológicas sino a su condición de mujer.
Un informe recientemente publicado, denominado “Palabras que callan: la autocensura de las mujeres políticas como respuesta a la violencia de género digital”, elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), consigna que el 90% de las mujeres políticas argentinas que sufrieron situaciones de violencia de género a lo largo de su trayectoria identificó el entorno digital como el ámbito más frecuente y el 60% señaló que los ataques se dan tanto en público como en privado y son comunes en redes sociales como X, Facebook e Instagram, aunque también en plataformas como Youtube, portales periodísticos o Whatsapp.
Según el informe, “los hostigamientos que tuvieron a estas mujeres como víctimas “fueron efectuados por diferentes agresores: desde compañeros de recinto, funcionarios públicos, asesores y trolls, hasta usuarios manifiestos y anónimos que actuaron a través de amenazas, hostigamientos, insultos y agresiones.
El trabajo también indaga acerca de cómo combaten las mujeres políticas estas agresiones y las actitudes elegidas van desde bloquear a los usuarios agresivos hasta a borrar publicaciones o a desistir de participar en determinados ámbitos virtuales. Las dos últimas opciones son formas de autocensura. Tratándose de dirigentes que ocupan la función pública o aspiran a hacerlo, que no puedan expresarse libremente por temor a los agravios implica un deterioro del sistema democrático. Lamentablemente, la regulación de los discursos machistas o de odio en redes sociales prácticamente no existe, mucho menos en los servicios de mensajería. Son los propios usuarios los que deben poner los límites éticos, o las destinatarias eventualmente legales, si el ataque incluye delitos previstos en el Código Penal. La autocensura, aunque comprensible, no es la mejor opción, porque limita la difusión de ideas y el intercambio de opiniones y priva a la ciudadanía de acceder a mensajes de las dirigentes que son atacadas.n