La universidad pública es, por definición, un espacio donde la política tiene importancia, donde se dirimen las cuotas de poder, se disputan recursos, se eligen autoridades y se definen rumbos académicos. Los claustros de docentes, estudiantes, graduados y no docentes compiten por representación y esa competencia, bien encauzada, es la expresión misma de la autonomía y del cogobierno heredados de la Reforma de 1918. Precisamente porque la política ocupa un lugar central, las reglas con que se ejerce deben ser claras, previsibles y respetadas por todos, empezando por quienes conducen.
La Universidad Nacional de Catamarca viene siendo cuestionada desde sectores internos por prácticas poco democráticas y escasamente transparentes. Las críticas no provienen de factores ajenos a la vida universitaria, sino de integrantes de su propia comunidad, lo que les confiere un peso particular. Es a partir de esos señalamientos que las autoridades de la institución, en general, y las de cada una de sus facultades, en particular, deberían extremar los cuidados en la manera de ejercer la conducción.
La universidad debe ser un ámbito de excelencia académica. Pero esa excelencia se resiente cuando las reglas de juego se fuerzan o se transgreden. La universidad debe ser un ámbito de excelencia académica. Pero esa excelencia se resiente cuando las reglas de juego se fuerzan o se transgreden.
Sin embargo, un reciente episodio ocurrido en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales se suma a otros hechos que parecen abonar esas críticas. Integrantes de la agrupación estudiantil ACEN (Agrupación de Ciencias Exactas y Naturales) denunciaron una serie de irregularidades en la conformación de la Junta Electoral de la Facultad respectiva de la UNCa. En su reclamo, apuntaron contra "maniobras fraudulentas" que habrían impedido la participación de la agrupación como minoría en la junta, órgano clave para garantizar la limpieza de los comicios internos.
La denuncia señala, además, la intervención de la decana, Elina Silvera de Buenader, quien, según afirman los estudiantes, dio por finalizada de manera unilateral la asamblea, pese a tratarse de un ámbito reservado de forma exclusiva al claustro estudiantil.
Aun cuando la denuncia de la agrupación tomó estado público el martes, desde la Facultad cuestionada no se conoció, al menos públicamente, una respuesta a las acusaciones, ni una aclaración, ni, por supuesto, que se negaran los hechos.
No es la primera vez que la unidad académica queda en el centro de los cuestionamientos. Hace algunas semanas, la misma facultad fue también blanco de críticas porque su vicedecana es, a la vez, secretaria general de ADUNCA-FEDUN. Aquella vez, a diferencia de ahora, sí hubo respuestas a los planteos.
La universidad debe ser, sin duda, un ámbito de excelencia académica, de producción de conocimiento y de formación de profesionales a la altura de las demandas de la provincia y del país. Pero esa excelencia se resiente cuando las reglas de juego se fuerzan o se transgreden.
La credibilidad de una institución pública descansa en su apego a los procedimientos y en su disposición a rendir cuentas. Por eso, la universidad debe ser también un ámbito de transparencia y de defensa de la democracia interna, valores que no son accesorios a su misión, sino parte constitutiva de ella.
