Por Asociación Civil "La Carrillo" Catamarca (*) y el Instituto de Investigación "Cecilia Grierson" (*)
El Poder Ejecutivo Nacional envió al senado de la nación una reforma de la Ley de Salud Mental 26.657. Se trata de un preocupante retroceso en materia de derechos humanos y una vuelta a modelos biomédicos y hospitalocéntricos, que reducen las personas a meras cosas.
El proyecto ataca el centro del corazón de la ley nacional de salud mental, que tiene como objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental. Esto implica una transformación de la cultura manicomial por un modelo de atención con base comunitaria. El proyecto de reforma orada estos principios al eliminar en el articulado de la propuesta la prohibición de creación de nuevos monovalentes y la exigencia de adecuación de aquellos que respondan a dichas lógicas. Además, propone la creación de hospitales especializados en salud mental, casi una manera velada de impulsar la reapertura de los manicomios.
La riqueza de los equipos interdisciplinarios y los abordajes intersectoriales que plasma la letra de la ley vigente se ven amenazadas en esta propuesta al jerarquizar la figura del médico psiquiatra por sobre otras profesiones, otorgándole centralidad, como si la mirada biologicista fuera suficiente para comprender y acompañar el sufrimiento subjetivo. La supremacía de la figura citada segrega categorías para pensar el sufrimiento psíquico que tienen que ver con las condiciones materiales de existencia (pobreza estructural, desocupación, precarización de formas de vida).
Elimina el concepto de padecimiento mental y lo reemplaza por afección o trastorno. Esta sustitución representa un retroceso semántico y conceptual que diluye la crítica estructural al modelo manicomial. La actual ley nacional de salud mental utiliza deliberadamente la expresión “padecimiento mental” para desestigmatizar y reconocer que el sufrimiento surge también de violencias institucionales, exclusión social y fallas sistémicas, no solo de “trastornos biológicos”. Este cambio propuesto reintroduce un lenguaje biomedicalizante, alineado con la psiquiatría tradicional.
Es una tendencia a homogeneizar el lenguaje hacia una clínica diagnóstica estandarizada más orientada a categorías biológicas que a procesos sociales y subjetivos. Dejar de lado el término “padecimiento” es renunciar a abrir un espacio para pensar el sufrimiento de una persona ligado también a las condiciones de vida, tal como lo plantea la OMS cuando habla de los Determinantes Sociales en salud e insta a los estados a incluirlos al pensar y diagramar políticas públicas. Esto mueve el eje hacia un modelo más bio-médico y puede reforzar un giro hospitalocéntrico aunque no lo diga de forma expresa.
La reforma propone que para proceder a una internación se debe hacer una evaluación respaldada por dos profesionales uno de los cuales indefectiblemente debe ser psiquiatra. Esto se torna fácticamente imposible en la mayor parte del territorio nacional, porque no se cuenta con profesionales de dicha especialidad. Además, esta postura socava la esencia de la ley vigente al insinuar una posición de supremacía de la especialidad citada.
La reforma propuesta excluye los principios de la Declaración de Caracas y los Principios de Brasilia a los que la ley vigente considera parte integrante de la misma. Esto implica un retroceso significativo que deja abierto a la posibilidad de priorizar modelos hospitalización sobre los comunitarios e integrales promovidos por la OMS/OPS y nuestra ley 26.657, con la consecuente pérdida del enfoque comunitario.
Excluye a los y las usuarias y usuarios de la participación del Órgano de Revisión. Excluir a quienes atraviesan situaciones de padecimiento mental del órgano, que es una herramienta de contralor del cumplimiento de la ley, no es una simple modificación técnica, es un retroceso en la ética que sostiene a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Porque esta ley nace del cruce de saberes entre profesionales, pero también de las heridas y las marcas del encierro. Excluirlos es volver a silenciar sus voces, es volver a cerrar las puertas que costaron décadas abrir, es desestimar, desechar la experiencia como si fuera solo ruido y no una forma de saber.
Excluirlos no ordena, solo silencia y una política que silencia se aleja, aunque diga lo contrario de la dignidad que promete.
La propuesta de reforma implica una regresión de modelo de atención, es retroceder del paradigma comunitario, interdisciplinario, intersectorial, centrado en los derechos y orientado a la des-manicomialización hacia el predominio médico y la internación especializada centrada en el riesgo y el control configurando un modelo tutelar, medicalizante y potencialmente expulsivo.
Por otro lado, si lo que le preocupa al gobierno nacional es el presupuesto para implementar de una vez por todas la ley vigente, hay que saber que el problema central fue y es la falta de asignación de recursos específicos. Pero la reforma propuesta agrava más esta situación, esconde no sólo el sufrimiento de las personas, sino además la falta de recursos de todo el Sistema Nacional de Salud, con los presupuestos mínimos específicos y comunes a todas las provincias, como lo venimos denunciando en otras notas.
NO AL PROYECTO DE REFORMA
EL ENCIERRO NO CURA A NADIE, LA VIDA EN COMUNIDAD ES TERAPÉUTICA
LA LEY DE SALUD MENTAL NO SE CAMBIA, SE FINANCIA Y SE IMPLEMENTA.
(*) La Asociación Civil La Carrillo Catamarca es una asociación civil sin fines de lucro de Catamarca fundada en 2024. Trabaja en Salud Integral; Soberanía Alimentaria; Economía Social-Solidaria-Popular; y Participación Política
(*) El Instituto de Investigación Cecilia Grierson es un área de la Asoc. La Carrillo, orientada a la Investigación Acción Participativa