La brutalidad y la filiación de los responsables políticos acortan los 1.600 kilómetros que distancian el desalojo de las comunidades mapuches en Lago Mascardi y la represión en el estadio de La Plata. Ambos episodios se inscriben entre los indicios de la impotencia estatal, acelerada por la descomposición de un Gobierno incapaz de neutralizar sus divergencias en beneficio de la gestión.
La violencia policial se desenfrenó pocos días después de que Cristina Kirchner y sus usinas comenzaran a marcar diferencias con el ministro de Economía Sergio Massa, sujeto a su criterio demasiado empático con el Imperio y el FMI, para descubrir otro trauma, vinculado a un elemento no menos gravitante en la ontología ideológica del Frente de Todos: la bandera de los derechos humanos, en el caso mapuche aderezada con el precedente del uso que se le dio a la muerte de Santiago Maldonado en 2017 para atacar a Mauricio Macri y emparentarlo con la dictadura.
Maldonado se ahogó en el rio Chubut escapando de la Gendarmería que había reprimido un piquete, justamente, de la militancia mapuche en la Patagonia, que desde entonces ganó visibilidad.
No es extraño que Elizabeth Gómez Alcorta materializara, con su renuncia al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, el cisma conceptual que el oficialismo intenta suturar. Encarna como pocos las contradicciones que Cristina fracasó en conciliar con su liderazgo disimulado tras la máscara de Alberto Fernández. Fue defensora del líder mapuche prófugo Facundo Jones Huala y de la dirigente Milagro Sala, presa en Jujuy, según sectores del Frente de Todos por arbitrariedades del Poder Judicial de esa provincia que a criterio de la Casa Rosada no son suficientemente graves para precipitar decisiones institucionales más fuertes que las visitas para fotos de ocasión.
Crisis
Gómez Alcorta abandonó el gabinete con duras críticas al ministro de Seguridad Aníbal Fernández, moralmente ultrajada por “los hechos desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niños, con participación de fuerzas federales”.
“Me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”, asentó en su renuncia.
“Se ha traspuesto un límite”, consideró.
La represión policial contra aficionados e hinchas que pretendía ingresar al partido entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca Juniors colocó en el epicentro de la polémica al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y al gobernador Axel Kicillof, crédito cristinista para retener la Provincia en las complejas elecciones del año que viene y parapetarse en ella.
Kicillof expulsó jerarcas policiales y promete purgas.
Es interesante que en ambas crisis hayan salvado el pellejo los responsables políticos de la seguridad.
Con su dimisión, Gómez Alcorta eximió al Presidente de tener que elegir entre ella y Aníbal Fernández. En el fuego amigo y enemigo concentrado sobre Berni tras la salvajada de La Plata, Kicillof confirmó al ministro, quien descargó las culpas en sus subordinados.
En la crisis bonaerense, el blindaje cristinista a Kicillof asume los argumentos conspiranoides típicos: Berni es blanco de una interna de la tristemente célebre Bonaerense; Kicillof, de la derecha que busca desbancarlo y alienta escaladas violentas para corroer su figura.
La sombra del atentado
La conmoción por Lago Mascardi y La Plata puso en crisis al oficialismo a poco más de un mes del atentado contra Cristina. También entonces hubo cuestionamientos a Aníbal Fernández por los defectos en la seguridad que permitieron a Sergio Sabagh Montiel arrimarse y gatillar. Berni no se privó de pavonearse como un experto.
El abominable ataque a la Vicepresidenta galvanizó al oficialismo y suspendió la interna. Las tribus peronistas se unificaron en el repudio y la identificación de los culpables: la oposición, la Justicia y la prensa, que diseminan discursos de odio.
Las represiones expusieron ahora la precariedad de esa tregua y un elemento que había conseguido disimularse entre las enfáticas acusaciones a los odiadores: el Estado había llegado a un nivel de incompetencia de tal magnitud que ni siquiera estaba en condiciones de resguardar la integridad física de la Vicepresidenta.
De la unidad en torno a Cristina, contra los odiadores, se pasó a la reanudación de las fracturas, para despegar de las violaciones a los derechos humanos.
En el bando contrario, Juntos por el Cambio rechazó en bloque las expresiones de Facundo Manes que recordaron la propensión al espionaje de Macri. Indicio de evolución hacia la consistencia en la oposición, más significativo en contraste con la degradación hacia la inconsistencia del Frente de Todos.
Estado fallido
El “santuario” que había concentrado en la esquina del departamento de Cristina a sus adherentes y militantes debería haber facilitado la tarea del dispositivo de seguridad, y no al revés.
Era tan atractivo para que cualquier enajenado intentara una agresión, que resulta curioso que nadie sugiriera la conveniencia de que la sacralizada líder se trasladara a otro lado –El Calafate, su lugar en el mundo, por ejemplo- por mera prudencia. Por el contrario, se le negó intervención a la Ciudad de Buenos Aires y Nación asumió la exclusividad de la custodia. Hubo hasta apelaciones épicas a la eficacia de la protección improvisada por militantes.
Los resultados de tamaños despropósitos son conocidos.
La Justicia no pueda dar con pruebas que relacionen a la estrafalaria “banda de los copitos” con alguna organización más sofisticada. La última novedad al respecto dio cuenta de comunicaciones entre Brenda Uliarte y el youtuber Eduardo Prestofilippo, conocido como “El Presto”, energúmeno vociferante que explicó la relación en un escarceo amatorio ocasional.
La impotencia estatal se hizo evidente también en Villa Mascardi y La Plata.
El conflicto por las tomas mapuches lleva años macerándose en la Patagonia. La muerte de Maldonado podría ser superada como pico dramático con el ensañamiento sobre mujeres embarazadas y niños de gendarmes dirigidos por la Casa Rosada.
El Estado nacional que no fue capaz de proteger a Cristina, tampoco pudo ejecutar las órdenes de la justicia rionegrina sin que sus brazos se precipitaran en la barbarie, echaran más nafta al fuego y proporcionaran así excusas a los grupos violentos que aprovechan la causa de los pueblos originarios para su prédica disolutiva.
Al Estado bonaerense, por su parte, se le desmadró un partido de fútbol cuya sensibilidad aconsejaba extremar las precauciones.
No hay odiadores, discursos de odio ni climas de época a los que cargarles las culpas por la represión. Los odiadores, ingratos, han desertado.
El enemigo es Estado fallido, con su proverbial incompetencia exacerbada por los litigios internos.