Nada menos que el ministro de Minería de la Provincia eligió un encuentro del Paralasur realizado en Catamarca para analizar el potencial de los recursos mineros en el contexto de la transición energética para desacreditar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
Esta devaluación por parte del titular de la cartera minera es contradictoria con la del Gobierno del que forma parte, llamativa además porque Marcelo Murúa integró, con el vicegobernador Rubén Dusso y la titular de CAMYEN, Susana Peralta, la delegación catamarqueña que expuso sobre las posibilidades de inversión que ofrece Catamarca en la embajada argentina en los Estados Unidos, casi inmediatamente después de que el RIGI fue aprobado en el Congreso, con el respaldo de la mayor parte de los legisladores nacionales del oficialismo catamarqueño.
El RIGI, además, fue apoyado explícitamente por los gobiernos de las provincias que integran la Mesa del Litio y la flamante Mesa del Cobre, como instrumento adecuado para atraer inversiones en el campo de la minería.
¿Cómo entender las palabras de Murúa en ese marco? ¿Difiere con la posición de su propio Gobierno? ¿Está en el cargo a disgusto? Sus declaraciones son insólitas.
“El RIGI no es un régimen que esté pensado para la minería, más allá de ser la cara visible”, dictaminó.
Según el ministro, el RIGI sería en alguna medida redundante.
“Claramente a la minería le aporta el incremento de algo que ya tenía y que son solo los beneficios fiscales. Los beneficios, en realidad, tienen que pasar por otros aspectos como la infraestructura vial, energética, que harían notar que la minería es una política de Estado nacional y, desde mi punto de vista, no lo es. La minería se transforma en política de Estado de las provincias mineras y a nivel nacional no tiene los apoyos transversales que necesita para desarrollarse como tiene en otros países como Chile”, analizó.
Si tan inocuo es el régimen, es por lo menos extraño que todos los gobernadores de las provincias mineras y petroleras tuvieran tanto interés en que se sancionara.
Hay en la discusión un trasfondo ideológico. En Río Negro, la primera provincia que aprobó la adhesión al RIGI, los diez legisladores kirchneristas votaron en contra de la propuesta del gobernador Alberto Weretilnek.
La rápida adhesión rionegrina puso en alerta al gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof por la desventaja en que lo deja para la pulseada por la localización de una planta de Gas Natural Licuado en la que las petroleras YPF y Petronas invertirán entre 30 mil y 50 mil millones de dólares. Kicillof pugna para que se ubique en Bahía Blanca y Weretilneck en Punta Colorada, en la costa rionegrina.
El RIGI inclinó la cancha a favor de Río Negro y ahora el ultrakirchnerista Kicillof revisa la enfática oposición que mantuvo contra el sistema. Hay proyectos para que la Provincia de Buenos Aires adhiera al Régimen, del PRO y de La Libertad Avanza, que podrían darle una salida, pero él se propone por su parte girar a la Legislatura un RIGI propio, la Ley General Provincial de Fomento de Inversiones Extranjeras, para diferenciarse de Milei.
En definitiva: los pruritos ideológicos ceden cuando hay de por medio intereses concretos. Algo que Murúa podría considerar cuando ofrece declaraciones que tienen un impacto mayor debido al puesto que ocupa.
Es una cuestión de responsabilidad institucional y, en el caso de Catamarca, hay que tener en cuenta la competencia que significan otras provincias mineras y muy especialmente que la adhesión al RIGI tiene que pasar por la Legislatura provincial. Si así piensa el ministro de Minería, qué puede esperarse de quienes aún mantienen reservas respecto del sistema. n