La quiebra decretada contra Edgar Adhemar Bacchiani, junto a la ya operativa de RT Inversiones suministrará a la Justicia Federal de Catamarca una herramienta de alto valor para ordenar su caótica investigación: la lista de quienes se incorporen a los procedimientos ordenados por la Justicia Comercial de la Provincia.
Como en las quiebras solo pueden reclamar derechos quienes estén en condiciones de acreditar el origen lícito de los fondos que depositaron, a los fiscales y el juez federal les alcanzaría con cotejar esas nóminas con los centenares de denuncias penales que tienen en su poder para efectuar una depuración y obtener indicios fuertes sobre el movimiento de dinero ilícito en las criptopirámides.
Una operación sencilla: lo más probable es que quien se abstenga de reclamar lo que le deben en las quiebras sea porque no tiene forma de verificar la licitud de los fondos que depositó. Y de ahí a que la Justicia Federal lo convoque a dar explicaciones mediaría un paso.
Vale decir que los abogados que complicaron a sus clientes en componendas con el apoderado de Bacchiani, Lucas Retamozo, prometiéndoles que cobrarían a cambio de extinguir la denuncia penal, los hicieron dejar los dedos marcados en sede judicial.
La labor del Juzgado Federal se simplificaría muchísimo, porque solo le quedaría investigar las estafas a los que pusieron plata blanca, mientras que los que pusieron plata negra quedarían expuestos a acciones penales.
A los que sí se les empieza a escorar el escenario es a quienes vinieron alimentando expectativas a los damnificados. De ahí las desesperadas operaciones de algunos picapleitos para sacudirse responsabilidades del lomo con el repentino cambio de escenario, que en este mismo espacio se marcó ya cuando salió la quiebra de RT Inversiones, del clan Bulacio, que tendrá su primera y exótica subasta el 8 de noviembre próximo.
Bacchiani no puede ya pagar nada. Su patrimonio quedó inmovilizado en las quiebras, de modo que no hay margen para seguir pidiendo que se le otorgue la prisión domiciliaria para que pague, ni para seguir meneando compromisos de pago: la única vía regular para esto es la establecida con la quiebra.
Síndicos y jueces están habilitados para explorar en operaciones realizadas por el quebrado hasta dos años antes de que quedaran inhibidos para detectar maniobras de insolvencia fraudulenta.
El movimiento de volúmenes enormes de dinero negro en el circuito de las financieras fraudulentas dejó hace tiempo el terreno de las presunciones para afianzarse como certeza.
El fiscal federal de Tucumán, Gustavo Gómez, sugirió a la Cámara de Apelaciones Federal de esa provincia que aparte al juez Miguel Ángel Contreras de la causa Bacchiani, con duras críticas a la investigación.
Para Gómez, que Contreras haya omitido profundizar en la investigación sobre lavado de activos es tan notoria que coloca bajo sospecha su imparcialidad.
“Si bien la instrucción hace foco en la captación y colocación del dinero, se observa que la mirada no es puesta sobre el origen de la moneda que habría sido ingresada a la empresa dirigida por Bacchiani. Es así que el origen del dinero de los inversores ‘bancarizados’ y ‘no bancarizados’ -según la denominación utilizadas por los encartados en sus indagatorias-, no fue investigado aún”, indicó.
Para Gómez, debió haber alertado al juez catamarqueño el hecho de que “los que facilitaron los activos a los procesados, y que a la fecha en un porcentaje menor se presentaron en la causa y ostentan el rol de querellantes, en su gran mayoría no justificaron la licitud de los dineros aportados”.
Las quiebras podrían contribuir al descubrimiento de la inmensa porción del iceberg negro que aún permanece bajo el agua.