La tan veloz como sincronizada reacción de los organismos que conforman la corporación médica para neutralizar los riesgos sanitarios del Banco de Medicamentos del diputado Javier Galán alienta expectativas sobre un esfuerzo similar para conseguir la aplicación efectiva de la llamada "Ley Antiplus", promulgada hace ocho años no solo sin que hasta la fecha se haya registrado una sola sanción para los infractores, sino también con la invención de nuevos pergeños para exprimir el bolsillo de los pacientes.
La veloz y coordinada reacción para señalar los riesgos del Banco de Medicamentos contrasta con la morosidad ante el plus y sus sucedáneos. La veloz y coordinada reacción para señalar los riesgos del Banco de Medicamentos contrasta con la morosidad ante el plus y sus sucedáneos.
Apenas trascendió la iniciativa del legislador del MID, el Ministerio de Salud provincial, el Colegio de Farmacéuticos y el Colegio de Médicos actuaron con precisión quirúrgica. Debe ser por la vocación, el que sabe, sabe, es al cuete: cartas documento intimando el cese de la actividad en apenas 24 horas, invocación del artículo 208 del Código Penal, calificación de "flagrante delito" y hasta una denuncia penal que ya tiene fiscal asignado. Impresiona la agilidad con que estas instituciones, muchas veces acusadas de lentitud burocrática, encontraron el modo de coordinarse sin fisuras cuando lo que estaba en juego era su prerrogativa exclusiva sobre la dispensa de medicamentos.
Cabe preguntarse, entonces, por qué esa misma energía nunca se destinó a perseguir el cobro del plus, arancel ilícito que se sigue cobrando con total impunidad a pesar de las alharacas que rodearon la sanción de la Ley Antiplus en 208. La norma delegó el control en los propios colegios profesionales, en la curiosa expectativa de que se autodenunciaran. El resultado fue el previsible: ninguna sanción en ocho años.
Esta previsible inoperancia de la ley, sumada a la inexistencia de controles por parte de los organismos del Estado, alentaron una rentable diversificación de la oferta. Además del clásico plus para acceder a una consulta con orden de obra social, apareció el "sobreplus", adicional para adelantar turnos que de otro modo quedarían asignados para fechas convenientemente lejanas.
La imaginación y la eficacia son proporcionales, tanto para defender prerrogativas como para inventar nuevas formas de monetizar la angustia ajena.
Ninguno de estos adicionales se factura, con lo cual tampoco tributan. Dos pájaros de un tiro: se evade el control regulatorio y se evade el fisco, todo en el mismo gesto.
El contraste no podría ser más elocuente. Frente al Banco de Medicamentos, la corporación médica descubrió reflejos que ni ella misma sospechaba tener: uniformidad de criterio, celeridad administrativa y una épica discursiva sobre la salud pública que no deja margen para la ambigüedad. Frente al plus y sus derivados, en cambio, ese mismo aparato institucional se vuelve súbitamente afásico. No hay comunicados, no hay intimaciones, no hay coordinación entre colegios ni con el Ministerio de Salud.
Por supuesto, tampoco hay pronunciamientos oficiales en defensa del “plus”, no vaya a ser que a algún creativo se le ocurra blanquearlo y haya que empezar a tributar. Mucho menos renuncias al mercado cautivo de las obras sociales, decisión que liberaría a médicos y otros prestadores para cobrar por sus servicios lo que se les antojara ¿O alguien los obliga a trabajar con las obras sociales?
Es cierto que las objeciones sanitarias al Banco de Medicamentos no carecen de fundamento. La trazabilidad de fármacos donados, la cadena de frío, el riesgo de circulación de psicotrópicos sin control profesional son preocupaciones legítimas que ameritan debate. Pero la legitimidad del reclamo no explica por sí sola la desproporción de la respuesta, ni disimula que, del otro lado del mostrador, la misma corporación convive sin sobresaltos con un ilícito comprobado y sostenido, que castiga exactamente al mismo paciente que dice proteger.
Si la corporación médica demostró esta semana que sabe organizarse con semejante eficacia cuando algo le importa, ¿qué le impide destinar una fracción de ese mismo empeño a hacer cumplir, después de ocho años, una ley que ya existe? Porque se ve que, cuando se quiere, se puede.
