Por Rodrigo Morabito (*)
En un gesto que combina eficacia mediática con ceguera estructural, el gobierno porteño ha anunciado que aplicará multas de hasta $900.000 a las personas que revuelvan basura en los contenedores y ensucien la vía pública. El mensaje es claro: lo que incomoda a la vista de algunos debe ser erradicado, incluso si eso implica sancionar a quienes no tienen otra opción más que buscar en los residuos algo para comer, para reciclar o simplemente para sobrevivir.
La medida, presentada como parte de una política de orden y limpieza urbana, omite deliberadamente las causas que empujan a miles de personas a esa situación. No se trata de actos vandálicos ni de rebeldes sin causa. Se trata de personas en situación de calle, de pobreza extrema, sin trabajo ni asistencia adecuada. Personas que, en muchos casos, han sido excluidas de los sistemas de contención social y que encuentran en los desechos urbanos la única fuente posible de subsistencia.
Resulta éticamente inadmisible —y jurídicamente cuestionable— que se pretenda multar a quienes son víctimas de la exclusión, como si el problema fuera su presencia en la calle y no la ausencia de políticas públicas efectivas. Es el Estado el que ha fallado en garantizar derechos básicos como la alimentación, el trabajo, la vivienda y la salud. Y es ese mismo Estado el que, en lugar de reparar su omisión, responde con una sanción.
En un país que ha ratificado tratados internacionales que lo obligan a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, esta medida contradice el principio de no regresividad. Penalizar la pobreza bajo el ropaje del orden urbano no solo deshumaniza: criminaliza.
Lo que se requiere no son multas desproporcionadas, sino programas integrales de inclusión. Acciones que transformen la realidad, no que la oculten. El trabajo con cooperativas de recicladores, el fortalecimiento de las políticas de vivienda, salud mental, asistencia alimentaria y oportunidades laborales, son caminos posibles y necesarios. Las ciudades no se ordenan con represión, sino con justicia social.
Aplicar una sanción administrativa a quien hurga en la basura es como castigar al náufrago por flotar: una respuesta absurda, insensible y profundamente injusta. Mientras sigamos tapando la desigualdad con multas, seguiremos barriendo bajo la alfombra lo que no queremos ver. Pero las personas no desaparecen con decretos. Existen. Sufren. Y, sobre todo, resisten. La respuesta no debe ser castigo, sino dignidad.
(*) Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca. Profesor adjunto de Derecho Penal II de la Universidad Nacional de Catamarca. Miembro de la Mesa Nacional de Asociación Pensamiento Penal. Miembro del Foro Penal Adolescente de la Junta Federal de Cortes (Jufejus). Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef.
