Como la velocidad del Obispado catamarqueño para los negocios inmobiliarios es tan célebre, resulta extraño que los puesteros de La Gruta se sorprendan por la pretensión de revisarles los contratos para permitirles continuar trabajando en el predio.
La maniobra era de cajón. La Santa Madre Iglesia no habrá contribuido con un mísero denario para la puesta en valor del emblemático sitio, pero no se privará de exprimirle el mayor jugo posible cuando el Estado, que corrió hasta con los gastos de la expropiación, le entregó la administración.
Los contratos vigentes fueron celebrados en 2021 y regirían hasta 2026. Ahora el Obispado quiere anularlos y hacer nuevos convenios por 24 meses, con valores de locación y expensas ajustables conforme al índice de inflación.
Según los alarmados puesteros, les meterían de entrada un aumento del 300%, con el añadido de que tendrían que hacerse cargo del consumo eléctrico, que la Iglesia no paga porque la subsidia el Estado, y la limpieza, que tampoco paga porque la realiza el Municipio.
El Obispo no erra una: como el pulpero del Martín Fierro, tiene un buche de ñandú para tragar.
Escaldados desde que el prelado les ordenó “rajar” de las inmediaciones, los comerciantes se apresuraron a hacer público el conflicto.
Aseguran que la entrega de la administración del Paseo de la Virgen al Obispado es contraria a lo que se había acordado en un principio.
“Nunca podría haberse apropiado de todo este complejo el Obispado desde el año 2008, con el nacimiento de la Ordenanza Nº 4545/08 de expropiación de los inmuebles de la Familia Carabús, titulares de dominio de los inmuebles sometidos a utilidad pública. Accionar que reprochamos porque desde los comienzos fue la intención de un modelo de complejo comercial con reglas claras y cumpliendo la esencia y causa del mismo, con concesiones de prioridad a los comerciantes primarios, con administración conjunta entre los actores y en cumplimiento con las ordenanzas y normativas de creación", consignaron.
La difusión de la controversia parece haberla suspendido, pero los puesteros anticiparon que están dispuestos a recurrir a la vía judicial para hacer valer sus derechos.
Los precedentes ofrecen muchos indicios, así que no hay que ser Ludovica Squirru para pronosticar una de las alternativas que surgirá de las negociaciones: que el Estado se haga cargo de la diferencia entre lo que el Obispado aspira a cobrar y lo que los puesteros están dispuestos a desembolsar. Si total ya le paga a la Iglesia la luz, el agua, las refacciones edilicias, las restauraciones de los templos y hasta los sueldos, qué puede significar concederle un tarascón adicional.
Solo en energía eléctrica, el Gobierno pagó 22 millones de pesos por el consumo eclesiástico en el último año.
Tal vez las playas de estacionamiento céntricas que le hizo a la curia no arrojan las utilidades esperadas. O los 100 millones de pesos que le pagó al Obispado por los terrenos en los que se edificaría el Polo de Salud se licuaron en alguna inversión poco feliz. Vaya a saber…
La cuestión es que la situación financiera del Obispado es tan precaria que también hay que otorgarle subsidios para las fiestas de la Virgen del Valle.
El argumento del impacto económico que tiene el turismo religioso, innegable, no responde el interrogante sobre las contraprestaciones que el clero cumple por tamaños favores.
En caso de circunscribirse a la asistencia espiritual, sería notable la analogía con la venta de indulgencias plenarias, práctica por la que la Iglesia se hizo de gran parte de su patrimonio inmobiliario.n