El denominado Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos incluyó modificaciones a la Ley N.º 23.351 que proponían sustituir algunos de los beneficios específicos establecidos históricamente para las bibliotecas populares por subsidios determinados en el presupuesto nacional y contemplaba, además, la derogación del Fondo Especial para Bibliotecas Populares. Si bien esas modificaciones no quedaron vigentes en esos términos en la legislación finalmente sancionada, el debate dejó expuesta una cuestión que sigue siendo central, la necesidad de contar con un financiamiento estable, suficiente y oportuno para garantizar el funcionamiento de instituciones que cumplen una función social y cultural fundamental.
La CONABIP continúa desarrollando programas y líneas de apoyo, pero las restricciones y modificaciones presupuestarias nacionales hacen necesario que las provincias no permanezcan como simples espectadoras. Cuando una biblioteca popular depende de recursos provenientes de diferentes niveles del Estado, cualquier demora, reducción o modificación en esas partidas puede afectar directamente su capacidad para sostener sus actividades.
Y es precisamente en este punto donde debemos detenernos a mirar la situación de Catamarca.Nuestra provincia no carece de legislación para proteger y promover a las bibliotecas populares, Catamarca cuenta desde hace años con un marco normativo que reconoce expresamente la responsabilidad del Estado provincial.
La Ley N.º 5453 establece como objetivo fomentar la creación, desarrollo y funcionamiento de las bibliotecas populares en todo el territorio provincial y dispone su protección por parte del Estado. La norma contempla recursos provenientes de un Fondo Especial de Protección y Fomento, aportes del Estado provincial para mantenimiento y adquisición de material bibliográfico, préstamos para edificios e instalaciones, exenciones de determinados servicios públicos, subvenciones para servicios imprescindibles, estímulos para actividades culturales y becas para el perfeccionamiento del personal.
Pero la ley no se limita a reconocer derechos o beneficios. También establece responsabilidades concretas para el Estado.
La autoridad de aplicación debe administrar el fondo especial, gestionar y distribuir subsidios, préstamos y otros aportes económicos, mantener el Registro Provincial de Bibliotecas Populares, elaborar anualmente el plan de trabajo y el proyecto de presupuesto y apoyar el funcionamiento de la Comisión Provincial Protectora de Bibliotecas Populares. La misma legislación establece la existencia de un Registro Provincial que debe mantenerse actualizado y servir, entre otras cosas, para permitir una distribución equitativa de los recursos y beneficios.
Además, la Ley N.º 5374 creó un Registro Único y Catálogo de Bibliotecas Populares, Públicas, Escolares, Especiales y Privadas de Catamarca, otorgando al Estado responsabilidades concretas en materia de registro, catalogación y actualización de la información.
Es decir, Catamarca tiene leyes, tiene organismos y tiene instrumentos previstos para desarrollar una política pública destinada a las bibliotecas populares.
Entonces, la pregunta inevitable es ¿qué se ha hecho efectivamente con esas herramientas?Esta pregunta no pretende constituirse en un ataque personal hacia una funcionaria determinada. La actual directora de Bibliotecas y Archivo, Celia Sarquis, forma parte de una estructura institucional cuya responsabilidad excede ampliamente a quien circunstancialmente ocupa la conducción de una Dirección. La propia Ley N.º 5453 establece que la autoridad de aplicación corresponde a la Secretaría de Cultura, con participación de la Dirección de Bibliotecas y Archivo. Por lo tanto, cuando las herramientas previstas por la legislación no se traducen en una política efectiva, la responsabilidad alcanza necesariamente al conjunto de la estructura política del área, al Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y, en última instancia, al Poder Ejecutivo provincial.
Lo que debe discutirse, entonces, no es la actuación personal de una directora, sino la existencia o ausencia de una política pública provincial para las bibliotecas populares.
Durante años, las bibliotecas populares catamarqueñas han tenido que sostenerse fundamentalmente mediante el esfuerzo de sus socios, sus comisiones directivas, sus voluntarios y sus comunidades. Mientras tanto, las herramientas previstas por la legislación provincial no parecen haberse traducido en una política sostenida de financiamiento, asistencia, capacitación y acompañamiento institucional acorde con las necesidades del sector.
La Ley N.º 5453 establece que deben gestionarse y distribuirse subsidios, préstamos y otros aportes económicos; establece un fondo especial; prevé una Comisión Provincial Protectora; contempla un registro actualizado y dispone la elaboración anual de un plan de trabajo y un proyecto de presupuesto. Sin embargo, para quienes estamos al frente de las bibliotecas populares, la percepción cotidiana es que esos instrumentos no han sido utilizados con la intensidad y continuidad que la realidad exige.
El problema, por lo tanto, no es que Catamarca carezca de leyes. El problema es la distancia entre lo que las leyes establecen y las políticas que efectivamente llegan a las bibliotecas.
Una ley que establece un fondo, pero no se convierte en recursos concretos; que contempla una Comisión Protectora pero no genera una política activa; que dispone la existencia de un registro, pero no lo utiliza como herramienta de planificación; que establece la gestión de subsidios y aportes, pero no genera mecanismos permanentes de financiamiento, corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones.
Las bibliotecas populares no necesitan solamente leyes. Necesitamos que las leyes se cumplan.Y este reclamo adquiere una importancia todavía mayor frente al actual escenario nacional. Si el Estado nacional modifica sus prioridades presupuestarias, reduce partidas, demora transferencias o cambia los mecanismos de asistencia, Catamarca debería estar preparada para responder, no puede ser que cada biblioteca quede librada a su propia capacidad de conseguir recursos para sobrevivir.
El Estado provincial tiene herramientas para actuar y tiene una responsabilidad legal que no puede delegar completamente en la Nación.
De hecho, la propia Ley N.º 5453 establece que el Poder Ejecutivo provincial debe realizar las adecuaciones y reasignaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la norma. Esto significa que la responsabilidad no recae únicamente sobre la Dirección de Bibliotecas y Archivo. Alcanza al Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y al propio Gobierno provincial.
Por eso, hablar de bibliotecas populares es también hablar de política cultural y de decisiones presupuestarias.
Una biblioteca popular no puede ser considerada simplemente como una asociación civil que debe resolver por sí misma sus problemas económicos, son instituciones comunitarias que cumplen una función de interés público. En muchas localidades constituyen espacios fundamentales para el acceso al conocimiento, la educación, la cultura y la participación.
Cuando una biblioteca popular cierra sus puertas, una comunidad pierde mucho más que un lugar donde se guardan libros, pierde un espacio de encuentro, pierde una herramienta educativa, pierde una institución cultural y pierde una parte de su memoria.
Frente a esta situación, y desde la experiencia concreta de una biblioteca popular de Catamarca, consideré necesario no limitar el reclamo a señalar las dificultades existentes. Por esa razón elaboré un proyecto de ley que fue presentado a la diputada provincial Dra. Estela Nieva, con el propósito de que pueda ser considerado como iniciativa legislativa y avanzar en su tratamiento en la Cámara de Diputados de la Provincia.
La propuesta parte de una idea sencilla, Catamarca necesita fortalecer su propio sistema de protección de las bibliotecas populares y contar con mecanismos capaces de garantizar su funcionamiento frente a las dificultades que puedan surgir en el financiamiento nacional.
El proyecto propone fortalecer el Servicio Provincial de Bibliotecas Populares, establecer una Comisión Provincial Protectora con funciones concretas y crear un Fondo Económico Asistencial para Bibliotecas (FEAB). Este fondo estaría integrado por recursos del presupuesto provincial, donaciones, aportes de organismos nacionales, provinciales y municipales y otros recursos destinados específicamente a las bibliotecas.
La propuesta incorpora además una herramienta que considero fundamental frente al contexto actual, una partida específica de contingencia que permita atender situaciones derivadas de demoras, recortes o modificaciones en el financiamiento nacional. El proyecto contempla mecanismos para garantizar la continuidad del funcionamiento de las bibliotecas cuando los recursos nacionales sufran demoras superiores a sesenta días o sean reducidos o suprimidos.
Asimismo, propone mecanismos de información y control legislativo sobre los fondos nacionales y provinciales destinados a las bibliotecas populares.
No se pretende reemplazar a la CONABIP ni desconocer la responsabilidad del Estado nacional., por el contrario, se trata de defender su existencia y, al mismo tiempo, construir una política provincial capaz de complementar y fortalecer ese sistema.
Las bibliotecas populares de Catamarca necesitan que el Estado nacional continúe sosteniendo políticas de promoción y financiamiento, pero también necesitan que el Estado provincial asuma plenamente las responsabilidades que sus propias leyes le asignan.
Lo que hace falta es decisión política y capacidad de gestión, pedimos que se cumplan las leyes que protegen a las bibliotecas populares, que se gestionen los recursos previstos, que se generen políticas públicas permanentes y que el Estado reconozca el valor social, educativo y cultural del trabajo que estas instituciones realizan todos los días.
Porque una biblioteca popular abierta es mucho más que una puerta abierta a los libros, es una puerta abierta al conocimiento, a la cultura, a la memoria y a la participación comunitaria.Y una provincia que protege sus bibliotecas populares está, en definitiva, protegiendo a sus propias comunidades.
(*) Presidenta la Biblioteca Popular Pedro Salomón Chade,
El Portezuelo Valle Viejo
