La ley de alquileres sancionada por el Congreso el año pasado es una muestra de los nocivos efectos que tienen la demagogia y los prejuicios. El régimen se postuló como una protección para los inquilinos frente a la eventual voracidad de los locadores en el contexto de la pandemia, complementario al congelamiento de los alquileres. Extendió a tres años el plazo mínimo para los contratos, que deben inscribirse en la AFIP, y estableció un ajuste anual de los montos –no semestral, como era antes- conforme a un Índice de Contratos de Locación (ICL) que el Banco Central calcula con una fórmula que combina la inflación con el salario promedio. El aumento para este mes sería del 43,5%, calculó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Catamarca, Raúl Kotler (ver página 4).
Lejos de lo que planteaban los ideólogos del sistema, quizás con buenas intenciones, el incremento que deben afrontar los locatarios es similar al que se les aplicaba antes o superior, con la diferencia de que es de un solo golpe y no en dos cuotas. En contrapartida, la ley distorsionó el mercado inmobiliario con una disminución de las viviendas disponibles para alquilar, con el consecuente incremento de los alquileres, y una sobreoferta de viviendas que se ponen a la venta en lugar de alquilarse, con la también consecuente merma de los precios de las propiedades.
La ley de oferta y demanda no falla. No se trata de que el Estado ampare abusos, sino de que sus intervenciones sean razonables. El efecto de la cacareada ley de alquileres para el bolsillo de los inquilinos ha sido en el mejor de los casos neutro para quienes celebraron contratos después de la entrada en vigencia de la ley, a excepción de los que alquilaron cuando el impacto de la escasez de viviendas disponibles comenzó a trasladarse a los precios, como obviamente iba a ocurrir y está ocurriendo. Por el otro lado, la caída del valor de las propiedades que se ponen a la venta, porque sus dueños prefieren deshacerse de ellas a quedar enganchados con un inquilino por tres años o porque necesitan el dinero, configura un escenario muy favorable para que quienes disponen de recursos compren.
Es decir: los inquilinos supuestamente beneficiados siguen tal y como estaban, mientras que a los sectores más acomodados se les abren oportunidades para incrementar sus patrimonios a un precio menor del que tendrían que pagar sin la ley. Salvo que el Gobierno suponga que los inquilinos tienen acceso a créditos hipotecarios para comprarles a sus locadores, lo cual sería un indicio de alienación más enfático que el de haber puesto en vigencia un sistema que tiene consecuencias inversas a las que se anunciaban. Sí se han ampliado hasta 30 cuotas los créditos con tarjeta para adquirir electrodomésticos, por ejemplo, pero no para adquirir viviendas.
Es lo que pasa cuando se legisla sin considerar el contexto: la inflación estraga a la Argentina desde hace años y no ha de detenerse porque una ley lo disponga o porque el Banco Central pergeñe índices. El fenómeno desalienta inversiones y esto de la ley de alquileres muestra a las claras cómo: propietarios que prefieren desprenderse de su capital en cantidad suficiente para tirar los precios a la baja. Esto es: descapitalizarse, como el país viene descapitalizándose desde hace decenios. Es irónico que el régimen propuesto para, teóricamente, defender al eslabón más débil de la cadena, termine favoreciendo a quienes tienen dinero suficiente para comprar propiedades a precio devaluado o patrimonio para acceder a créditos con tal propósito. Hay una inconsistencia palmaria entre lo que se pregona y lo que se hace.
