Entre los muchos tipos de violencia que sufren las mujeres, quizás el más invisibilizado, aunque por cierto no el menos frecuente, sea el de la violencia obstétrica, que puede definirse como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales.
El término empezó a difundirse públicamente a partir del informe “Prevención y erradicación de las falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud”, confeccionado por la OMS en 2014. Entre las prácticas que se incluyen en este tipo de procedimientos agresivos se encuentran algunas formas extremas, como la esterilización sin consentimiento, la imposibilidad de acceder a la interrupción del embarazo en los casos contemplados por la normativa vigente o la falta de atención médica especializada para asegurar el bienestar de madre y bebé en el parto.
Pero hay también otras formas no tan agresivas que deben encuadrarse en la violencia obstétrica porque someten a la mujer a procedimientos no consensuados o que puedan ser consideradas como violatorios de su dignidad o el debido respeto como paciente. También el abuso de la práctica de cesáreas, es decir, su utilización en casos en que son viables sin riesgos los partos normales, está incluido en la tipología.
Argentina es uno de los pocos países del mundo que contempla la protección y el respeto del parto y el nacimiento. Sin embargo, sus preceptos no siempre se cumplen por falta de conocimiento de las víctimas respecto de los derechos que la ley les otorga o por falta de controles en los centros de salud. Las mujeres que dan a luz tienen derecho a estar acompañadas por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de preparto, parto y posparto; al contacto piel a piel de la madre con el bebé; a estar informada sobre cómo se encuentra el bebé en cada paso del proceso, a saber qué medicamentos se utilizan, a gozar de una atención profesional y sin discriminación, entre otros.
Una campaña impulsada por la diputada Adriana Díaz, a la que luego se sumó el INADI, delegación Catamarca, se propuso recoger información sobre situaciones de violencia obstétrica en Catamarca. Se advirtieron casos de falta de información, maltrato verbal o la realización de prácticas no aconsejadas por la OMS. Lo paradójico es que en ocasiones estos tipos de comportamientos violatorios de las normas no fueron, en el momento, caracterizados como tal por las propias víctimas.
Como en otros aspectos de la vida social, la naturalización de hechos de violencia impide detectarlos y por ende denunciarlos. La violencia obstétrica se encuadra en este tipo de situaciones, y es por esa razón que se advierte cada vez con más fuerza la necesidad de implementar campañas que concienticen sobre estos avasallamientos invisibilizados.