Una corporación judicial sepultada en el desprestigio, una oposición sin rumbo. Tales son los estribos en los que el gobernador Raúl Jalil afirmó la atropellada por su reforma de la Justicia, con la eliminación del Consejo de la Magistratura y la elevación del número de miembros de la Corte a siete como objetivos inmediatos. La videodenuncia que abrió el proceso de jury contra los camaristas Raúl Da Prá y Juan Pablo Morales fue sólo el ápice –hasta el momento, siempre se puede estar peor- en el prolongado proceso de deterioro político del Poder Judicial, tan desnutrido en su autoridad que le resultaría arduo resistir el embate más tímido, ni que hablar de un pechón de la magnitud del de ayer.
Por razonables que puedan parecer o ser las especulaciones sobre lo que el Gobierno pretende, contra ellas se alza lo incontrastable: la prestación del servicio de justicia en Catamarca es pésima y la impresión de que en los tribunales se cuecen los estofados mas espurios aceleró su expansión desde el jury que destituyó a Roberto Mazzucco como fiscal, durante el cual se expusieron al escarnio público las rencillas intestinas de la familia judicial. Las virtudes que se le atribuyen al Consejo de la Magistratura como dispositivo para blindar a la Justicia de contaminación facciosa se circunscriben a lo teórico. Rige desde 2000 y los resultados de su implementación no pueden ser corroborados en la práctica, ni en Catamarca ni a nivel nacional. Más bien ocurre todo lo contrario. Sobre el incremento de los miembros de la Corte, la lamentable Justicia de los tres, continuó más lamentable con cinco y sería ingenuo pensar el derrumbe se revertirá con solo elevarlos a siete. Mejorar el servicio judicial demandará análisis, consensos y sobre todo compromisos mucho más profundos. El traumático inicio precipitado por el Gobierno es una oportunidad en tal sentido, pero la calidad del debate depende menos de las intenciones oficialistas que de la solvencia de la oposición.
El interbloque liderado por los radicales estaba en condiciones de trabar la arremetida gubernamental ayer. Las iniciativas recién tomaban estado parlamentario, de manera que para tratarlas de inmediato el peronismo necesitaba mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes. A los radicales y sus socios les hubiera alcanzado con bajar al recinto para impedirles alcanzar el número y forzar que las propuestas fueran giradas a comisión. En términos políticos, el Gobierno utilizó el poder que tiene para materializar su voluntad ¿Por qué el radicalismo no utilizó el suyo para impedírselo? Inmenso interrogante. Fue una dimisión ostensible a sus prerrogativas y obligaciones como oposición, más llamativa en cuanto se advierte que en el juego participan sujetos de veteranía en el terreno legislativo mucho más larga que la de cualquiera de los oficialistas, como Víctor “Gato” Luna o Marita Colombo.
El Comité Provincia de la UCR, presidido por el diputado Alejandro Páez, hizo catarsis a través de un “pronunciamiento” conmovedor por su candidez. Alerta sobre las supuestas pulsiones absolutistas del Gobierno que se había abstenido de refrenar horas antes y desliza un párrafo del género fantástico: “En la discordancia que existe entre los miembros del Gobierno Provincial, se pretende que la oposición tome partido por unos u otros”. O sea: insiste la UCR con una interna del oficialismo cuyos bandos no identifica y sobre la cual no hay evidencias. Lo que se vio es un oficialismo que operó sin fisuras y una UCR desnorteada que no puedo articular una estrategia parlamentaria elemental ¿Dónde están las discordancias? Que la UCR, a la que el electorado asignó el rol de oposición, explique su comportamiento en la sesión de ayer contribuirá a aventar conjeturas. En política, como en la vida, uno no es lo que dice, sino lo que hace.
