La construcción de viviendas, a la par que da respuestas al déficit habitacional crónico de la Argentina, tiene como efecto asociado la dinamización de la actividad económica y el empleo de abundante mano de obra. Por eso, el anuncio del gobierno nacional respecto de un plan de viviendas para los próximos tres años es una buena noticia.
El plan trienal prevé la construcción de 220 mil unidades habitacionales a través de la línea Desarrollos Urbanísticos de Procrear, del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), del Programa Provincias y Municipios, y del programa Reconstrucción Argentina.
De todos modos, hay que hacer las valoraciones atinentes a ese anuncio no solamente en función de la cantidad de viviendas que se construirán –aproximadamente 220.000-, sino también observando el déficit existente, que se calcula en 4 millones. La distancia entre el objetivo de este plan trienal y el déficit es abismal.
Desde el gobierno son consciente de la insuficiencia, pero advierten que el plan es un comienzo, y recuerdan la política habitacional de la gestión Cambiemos, que, pese a que Mauricio Macri dijo que construirían un millón de viviendas en cuatro años, en la práctica desfinanció casi completamente los planes de construcción de viviendas sociales y el Plan Procrear, y solo apostó a los créditos UVA, que resultaron un fracaso como consecuencia de la alta inflación que caracterizó al período.
Si se cumpliese la promesa de Alberto Fernández –algo que habrá que ver- sería un avance significativo, porque en las últimas tres décadas, el Estado construyó un promedio anual de 30.000 viviendas, según un informe de la Cámara Argentina de la Construcción.
Pero más allá de los aspectos cuantitativos, desde la administración central prometen cambiar con la visión que a veces desde las propias políticas habitacionales se transmite. “La vivienda es un derecho para todos y hay que terminar con la fantasía de que las viviendas se regalan”, dijo el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. “Todos, absolutamente todos, van a pagar un porcentaje de sus ingresos para generar un fondo solidario que nos permita seguir construyendo viviendas”, agregó.
El dato no es menor. Son muchísimas las viviendas construidas a través de planes financiados por el Estado que, por el costo ínfimo de las cuotas, que no se actualizan al ritmo de la inflación, terminan siendo prácticamente un regalo. Estas operatorias en muchas ocasiones están dirigidas a sectores con ingresos medios, que bien pueden afrontar el pago de una cuota adecuada que, como dijo el funcionario, permita mantener el financiamiento de otras viviendas similares.
En un país acostumbrado a anuncios rimbombantes y a frases políticamente correctas que después, en muchas ocasiones, no tienen cumplimiento práctico, lo aconsejable es esperar con prudencia, y luego recién sacar conclusiones. Y no menos importante es asumir una conducta ciudadana crítica, que exija a los políticos, no importa el partido al que pertenezca, que cumpla con la palabra empeñada.