En el trasiego de la crisis, mientras el poder ciñe cinchas a la sociedad para no dejar de pagarle a sus acreedores, la casta política de Andalgalá se rebela frente al ajuste. Destacable sinceridad, acaso evolucione a sincericidio. A un salariazo del 200% para el intendente y toda la cadena jerárquica incluidos los concejales, le siguieron unas esclarecedoras palabras de la presidente del Concejo Deliberante, quien confesó que tamaño alarde de gula no es tal, pues solo se trata de un blanqueo de lo que los beneficiarios ya venían engullendo, no se sabe desde cuándo, “bajo la mesa”. No deja de ser un avance institucional. Si se considera la agresividad que suele sazonar las controversias andalgalenses, que el aumento se haya aprobado en trámite exprés, a libro cerrado, en la última sesión del año pasado y por unanimidad, supone una vocación por el consenso ejemplar, un hito, más aún cuando Eduardo Córdoba, el intendente que promovió la reivindicación, forma en el radicalismo macrista, y la presidente del Concejo que la defiende, Laura Atencio, en el peronismo. Que no se diga que la grieta es insalvable. Aparte, de acuerdo al razonamiento de la concejal Atencio, la ordenanza es menos un salariazo selectivo que la regularización de una situación anómala, puesto que intendente, funcionarios y concejales no cobrarán a partir de ella más sino lo mismo, con la diferencia de que ahora no tendrán que recurrir a argucias para esconder la mayor parte de sus emolumentos. Cuentas claras conservan la amistad, le faltó añadir. Es una pena que los andalgalenses no alcancen a aquilatar la lucidez, el coraje y la integridad de sus representantes.
Inconsistencias Gente ingrata, por cierto, aunque tal vez la actitud obedezca a las inconsistencias de la narrativa oficial. El intendente Córdoba no aludió a ningún blanqueo de sumas ocultas al postular el aumento ante el Concejo Deliberante. Su explicación fue que una merma de la mitad de los cargos políticos que tenía la comuna lo permitía sin incrementar el gasto político total. Atencio destapó lo de la plata negra recién después de una indignada reacción popular encabezada por el sindicato municipal, cuando Córdoba se comprometió a por lo menos diferir el salariazo. Vale decir: Atencio sale a escena cuando el intendente promete suspender un aumento que la beneficia a ella y a sus pares, o cómplices, del Concejo Deliberante. En defensa propia. Faltan un par de elementos para completar la trama. Por un lado, el veto de Córdoba, quien personalmente no se ha referido aún a la controversia. Por el otro, las explicaciones del ex intendente Alejandro Páez, correligionario de Córdoba, hoy diputado, por el tráfico irregular de salarios y dietas durante su gestión denunciado por Atencio, quien para ser coherente debería pedírselas.
Injuriante Un aumento del 200% para la cúspide jerárquica simultáneo al congelamiento salarial en la base, desmesurado e injusto en cualquier contexto, escala a injuria en la situación que se atraviesa. El Gobierno nacional debe lidiar con una herencia catastrófica desde el punto de vista económico y social, acechado por los compromisos de la deuda pública multiplicada exponencialmente durante la administración Macri. Como en el inicio de la gestión anterior, el ajuste para encajar las cuentas recae principalmente en el sistema de seguridad social y los jubilados. La Casa Rosada anuló por “impagable” la fórmula establecida con gran polémica hace cuatro años para el aumento automático de las jubilaciones y prometió restablecer las reestructuraciones lo antes posible, en cuanto las renegociaciones por la deuda arrojen certezas sobre el escenario que cabe esperar. La diferencia con el macrismo pasa por las medidas tendientes a atenuar el impacto de las restricciones en los sectores sociales más desguarnecidos, pero sobre todo por las metas programáticas: Macri enterró al país en deudas al tiempo que desenfrenó la especulación financiera; Alberto Fernández promete reactivar la economía real. Los resultados están por verse, pero hay un elemento político medular, indispensable para sostener el proyecto: la disposición social a soportar penurias y estrecheces en pos del camino propuesto por el nuevo Gobierno. Decepciones en cadena han acortado, aparte de los ingresos, la paciencia popular. Es tan obvio que la casta política, hábil para sacarle la nalga a la jeringa de cualquier sacrificio, se esforzó en esta oportunidad por mostrarse solidaria. El congelamiento de dietas, sueldos y extras de legisladores y funcionarios nacionales comienza a replicarse en las provincias. En general por seis meses nomás, tampoco es cuestión de exagerar, pero el impacto de estas medidas es más simbólico que económico. Son gestos que contribuyen a edificar consenso alrededor de disposiciones que caen como lonjazos sobre las capas medias y bajas de una sociedad agobiada. Este consenso, que se traduce en fortalecimiento de la legitimidad, es a su vez necesario para acometer la renegociación de los términos de la deuda con el FMI y los bonistas. Pocas cosas podrían ser más perjudiciales en tal trámite que abonar la posibilidad de desmadres.
Estupidez En tal marco, refulge más el abuso andalgalense por la deslegitimación de quienes lo perpetraron. El poder municipal en bloque se colocó en posición de privilegio respecto de una comunidad encerrada en la crisis. Como si en el Titanic, capitán y tripulación subieran primeros a los botes y dejaran al resto librado a su suerte, con el argumento de que merecen cobrar más, jerarquizar sus tareas y, de paso, salvarse del naufragio. La falacia de la explicación quedó al descubierto en el acto mismo. No merecen cobrar más; tal vez ni merecen cobrar. ¿Cómo atribuirse tal mérito si no fueron capaces de comprender el alcance político y social de habilitarse semejante tarascón presupuestario sin haber definido antes la circunstancia de los municipales ni el efecto que tendría sobre el humor de la sociedad cuya representación se arrogan? De jerarquizaciones mejor no hablar: los puestos se jerarquizan con la gestión, no con los emolumentos; el prestigio les ha quedado por el subsuelo. Consideraciones morales y éticas al margen, para no reincidir en la obvia crítica a la evidencia del egoísmo, se asiste a un caso de incompetencia funcional mucho más inquietante en cuanto se proyecta el análisis. Esta dirigencia, tan miope que supuso que podía devorar y eructar impunemente frente a una comunidad sometida a dieta compulsiva, es la que pretende comandar un distrito dividido en posiciones inconciliables hasta ahora en torno a la minería y su impacto, lacerado por la despilfarro de la renta pública de la actividad en beneficio de un puñado de vivillos. Andalgalá es el epicentro de la polémica y su representación institucional, completa, sin fisuras, se da el lujo de regalarse un salariazo circunscripto a la casta política, a contramano de todo el país. Antes una estupidez que una burla, menos mal que se desenmascaró temprano. Como para ir sopesando qué puede esperarse de ella cuando la discusión por la minería, con la todavía difusa Agua Rica en el horizonte, recobre fuerzas.
