Como si la mochila plúmbea de Macri-Pichetto fuera poco, a los radicales les ha salido un intendente imputado por abuso sexual que, como todos salvo el andalgalense Alejandro Páez, cabeza de la lista de diputados provinciales, busca la reelección. Se trata de Enrique Aybar, jefe comunal desde 2011 de Puerta de Corral Quemado, Belén, acusado de intentar violar en un motel capitalino a una adolescente de 15 años a la que había prometido gestionarle una beca estudiantil. El juicio en su contra iba a iniciarse hoy en la Cámara Penal de Tercera Nominación, pero fue suspendido a la espera de que la defensa resuelva si recurre a la Corte de Justicia por la denegación de una “probation”. Colectivos feministas convocaron a una marcha para mañana desde las 10,30, para pedir que sea juzgado antes de las elecciones del 27 de octubre porque “ha abusado y violado sistemáticamente a niñas y jóvenes desde sus diversos espacios de poder, como maestro e intendente”.
“Aybar ofreció cumplir su pena con tareas comunitarias y ofreciendo 300 mil pesos, lo cual resulta no solo una burla hacia la víctima, la familia y todo el movimiento que acompaña este proceso, sino también una demostración de poder donde repite este accionar que lo ha mantenido impune tantos años. Denunciamos las acciones de disciplinamiento y las lecciones moralizadoras que realiza este sujeto y todo el andamiaje político que lo sostiene, que está amenazando a la familia y amigos de la sobreviviente”, plantearon las organizaciones feministas, agrupadas en el movimiento “Ni una Menos”. El ultraje habría ocurrido en 2013 y fue denunciado de inmediato por la madre de la víctima. La causa se elevó a juicio por primera vez en 2015, y luego nuevamente en 2017.
Ocurre en este caso de Aybar lo mismo que con los abusos eclesiásticos: la dilación de los procesos contrasta con la velocidad con que se resuelven incidentes similares en los que los acusados carecen de poder. Los procesados, además, aguardan sentencia en libertad, también a diferencia de los reos rasos. La defensa considera que el intendente es blanco de un “operativo político muy fuerte con injerencia de sectores del peronismo”. "Se está gestando una condena social y aquí hay un principio de presunción de inocencia que no se puede dejar de lado", expresó el abogado Daniel Ortega, quien aseguró que medios nacionales se instalaron en Puerta de Corral Quemado para participar del escrache. El andarivel político que introduce el letrado no parece de lo más conveniente. Ortega fue funcionario en el Gobierno radical y abogados que lo precedieron también están identificados con la UCR. Estas vinculaciones podrían ser casuales, pues los abogados tienen derecho a defender a quien se les antoje sin pedir autorización de las facciones políticas de su preferencia. Sin embargo, se concatenan con objeciones a la candidatura del belicho planteadas en el seno de la UCR sobre las que el partido omitió pronunciarse.
Vilma Chayle, a cargo del Observatorio de Género del Instituto Moisés Lebensohn, integrante del Movimiento de Mujeres Radicales y militante de la agrupación Ola Verde, que apoya la despenalización del aborto, se pronunció en contra sin medias tintas. “Yo he sido muy crítica ante la posibilidad de bancar abusadores en las listas. Ante una mínima presunción, y por respeto a las mujeres y al género en sí, no deberíamos permitirlo. Esto nos retrocede 10 años. Es vergonzoso y repudiable. Le haría muy bien a la fórmula de Juntos por el Cambio que él haga a un paso al costado", dijo. Profética. La suspensión del juicio le dio al caso Aybar más visibilidad de la que ya había ganado, incluso a nivel nacional, por mera gravitación noticiosa: un candidato acusado de abuso sexual, que encima iba a ser juzgado en plena campaña, no es algo de todos los días. n
