Hay coincidencia generalizada, entre la dirigencia de las distintas fuerzas políticas, respecto de que la deuda pública es una bomba de tiempo que el gobierno que asuma el 10 de diciembre deberá desactivar si quiere lograr una gestión viable desde el punto de vista financiero, pero también político.
El desafío es tan imponente que no parece posible que sea asumido sólo por la alianza que gobierne entre 2019-2023. Requiere de un frente común interno, que deberá incluir a amplios sectores de la oposición, de modo que la negociación que se encare con el Fondo Monetario Internacional y el resto de los acreedores de la Argentina tenga sustentabilidad.
Para lograr ese frente común se requiere un gobierno con amplitud, que promueva el diálogo real -y no sólo puestas en escenas- y capaz de generar consensos amplios, virtudes que no han caracterizado ni al kirchnerismo ni al macrismo.
El endeudamiento de la Argentina en los últimos tres años ha alcanzado niveles de récord histórico. Sólo considerando los créditos tomados en moneda extranjera, la deuda contraída en estos años alcanza los 120.532 millones de dólares. En los próximos meses el FMI le prestará a nuestro país otros 18.000 millones de dólares, con los que la deuda con este organismo adquirida entre 2018 y 2019 llegará a 57.000 millones de dólares, el monto más grande otorgado a un país en un mismo período en toda la historia del organismo.
De acuerdo con un informe del CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica), la deuda contraída por el gobierno de Cambiemos equivale a la ayuda del Plan Marshall, que, con dinero de Estados Unidos, se utilizó para la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Es necesario aclarar que, considerando la inflación de los Estados Unidos desde la implementación de ese programa de reconstrucción, el monto de la deuda argentina respecto del Plan sería de entre el 25 y el 30 por ciento. De todas maneras, la comparación impresiona.
La diferencia entre aquel programa y la deuda contraída por la Argentina es que Europa logró, a partir de aquel financiamiento, potenciar su desarrollo económico. En el caso de nuestro país, los dólares que ingresaron sirvieron en una alta proporción para financiar la fuga de capitales. Es decir que ingresaron, pero ya no están en el Banco Central y tampoco se utilizaron para financiar inversiones productivas.
El estudio del CELAG establece que de cada 100 dólares, el gobierno nacional usó 60 para partidas financieras (fuga de capitales, intereses, pagos de deuda, y remisión de utilidades y dividendos), 17 para importaciones ociosas y apenas 23 para importar bienes vinculados a la producción.
En este contexto, es imposible pensar que el próximo Gobierno podrá abonar en los cuatro años de su gestión los 130.000 millones que contemplan los acuerdos asumidos ante los acreedores. De modo que, quizás como nunca antes, debe pensarse en un gobierno que elabore su plan económico con la participación de todos los sectores involucrados en el desarrollo productivo nacional.
