El reclamo de los industriales de Catamarca por las tasas municipales de uso del espacio aéreo, que perciben todas las comunas a través de la factura de energía de la EC Sapem, ha recobrado actualidad con una nueva queja que planteó el presidente de la UICA, Carlos Muia, anteayer en Casa de Gobierno. Según Muia, “la industria no soporta más esta presión tributaria. La esponja no absorbe más”, graficó. "Por el cúmulo de impuestos que tenemos, estas tasas distorsivas no las vamos a pagar más. Lo conversaremos en la mesa de negociación, si es necesario lo llevaremos a la Justicia, y si no, de hecho, dejaremos de pagar y que nos vengan a cortar la luz a todos", dijo desafiante.
Por el uso del espacio aéreo, todos los usuarios –no solo las industrias- pagan en la boleta de luz un 6%, un monto que la empresa de energía reembolsa luego a los municipios. Y la mayoría compensa eso con el gasto del alumbrado público, aunque las comunas más chicas no llegan a cubrirlo y siguen en “rojo” con la EC. La discusión por esta tasa viene desde hace un tiempo. El año pasado, por caso, dos concejales capitalinos del FCS-Cambiemos presentaron un proyecto para reducir a la mitad la contribución por el uso del espacio aéreo y el alumbrado público, lo que les valió un duro reproche del intendente Raúl Jalil. Al margen de la pelea política, los industriales estaban interesados en replantear el tema, ya que lo consideraban un obstáculo para el sector, ya bastante castigado con la crisis económica.
Pero una dimensión tenía el reclamo en aquel momento y otra distinta tras el reciente tarifazo energético y el incremento del 20% previsto a partir de febrero. El razonamiento es: cuánta más cara sea la energía y cuánto más consuman las industrias –que además tienen la tarifa diferencial más alta-, mayor será la recaudación de los municipios sin mover un dedo.
El asunto es algo diferente en la Capital, donde el municipio rebajó varias tasas que afectan tanto a la industria como a los comercios y además presta más servicios. Pero los municipios del interior cobran la tasa sin ninguna contraprestación. Y además, tanto la Capital como el resto se benefician directamente de la capacidad recaudatoria de la EC, cuando deberían tener una gestión de cobro propia.
En otros términos, sus cajas se engrosarán indefectiblemente merced al tarifazo y a costas de una eventual reactivación económica de la industria y de otros sectores. Y todo ello por efecto de un sistema que no premia ninguna performance municipal, sino una situación ajena. Es decir, un régimen claramente distorsivo.
Aunque hay más. En la misma factura de luz está incluido la denominada “tasa de fiscalización”, que equivale al 1,5% del monto que paga un usuario antes del IVA. Y es lisa y llanamente el aporte que hacen todos los clientes de la EC para el sostenimiento del Ente Regulador (ENRE) En tal sentido, Muia propuso cambiar el criterio de financiación del ente de contralor. “Habría que ver cuál es el presupuesto del ENRE y por qué requiere que lo asistamos. Que nos digan cuál es la partida que necesitan y vemos la forma de contribuir", dijo.
Y es lógico. ¿Por qué razón el presupuesto del ENRE debe acrecentarse al ritmo de los tarifazos y del consumo de los usuarios? ¿No debería manejarse con el mismo criterio que los demás organismos provinciales, que dependen de una pauta presupuestaria determinada? ¿Los sueldos de sus directores y del personal crecen en la misma medida que el costo de los servicios públicos? Es una pena que estos temas empañen de alguna manera a la EC Sapem, que demostró ser una empresa que presta buen servicio incluso en estos días en que otras provincias padecieron el calor con apagones.
