La Oficina Anticorrupción (OA) en un excelente ejemplo de cómo una estructura creada con buenas intenciones, destinada a cumplir funciones necesarias para controlar la transparencia de la gestión pública y promover investigaciones y eventualmente abrir causas judiciales contra quienes cometen actos ilegales en la función pública, en la práctica sirve para poco y nada. Es, prácticamente, un adorno.
En la actualidad, el principal obstáculo para que la OA cumpla la misión para la que fue concebida es que la titular del organismo, Laura Alonso, adhiere políticamente al Gobierno nacional de manera explícita. Esa misma falta de independencia podía percibirse con los titulares de la oficina durante los mandatos kirchneristas. De modo que pretender que, en ese contexto, controle a los funcionarios de una manera eficaz y autónoma es, siendo suaves, una ingenuidad.
Ayer tomó estado público la resolución que la OA adoptó respecto del escándalo que rodeó al ministro de Trabajo Jorge Triaca y su ex empleada, en particular por su nombramiento irregular en el SOMU y las denuncias sobre presuntos casos de manejos ilegales de fondos. Se esperaba que la investigación comandada por Laura Alonso sirviera para aportar elementos que motoricen causas judiciales. Pero apenas concluyó en un “tirón de orejas” y recomendaciones al ministro de cómo actuar en el futuro.
En general, ninguna de las denuncias contra funcionarios del Poder Ejecutivo que llegaron a los despachos del organismo en el último período tuvo una investigación seria y profunda, capaz de poner en aprietos a los involucrados. Algo similar ocurrió durante el período gobernado por el kirchnerismo.
Laura Alonso es desde hace una década dirigente del PRO, el partido que encabeza la alianza gobernante. Fue diputada por esa fuerza política entre 2009 y 2015, y tuvo un fuerte protagonismo en la campaña que llevó a Macri a la presidencia.
Su antecesor, que ejerció el cargo entre 2009 y 2015, fue Julio Vitobello, que originalmente pertenecía al partido de Domingo Cavallo, pero llegó al Gobierno nacional a principios de siglo de la mano de Alberto Fernández. Desde entonces y hasta su arribo a la OA fue funcionario kirchnerista.
Entre 2004 y 2009 fue titular de la Oficina Abel Fleita Ortiz de Rosas, un prestigioso profesor universitario pero claramente identificado con el peronismo, lo que también de alguna manera invalida su pretendida imparcialidad.
El sentido común indica que cargos de esta naturaleza, pensados para que ejerza un contralor republicano sobre los actos de gobierno, deben ocuparlos personas que mantengan públicamente posiciones políticamente neutrales, y que por esa razón tengan la libertad para investigar a conciencia y con responsabilidad a los funcionarios que cumplen funciones ejecutivas.
Si no cumplen ese requisito, y claramente los exponentes que ocuparon la titularidad del organismo no lo hicieron, la misión difícilmente se cumpla, y la impunidad, al menos en lo que respecta a la competencia de la OA, estará garantizada.