En una institución como la Policía, que presenta por su propia naturaleza una estructura jerárquica y verticalista, las diatribas de los mandos inferiores contra la jerarquía representan un problema grave de consecuencias impredecibles.
Es lo que sucede con la fuerza en Catamarca. En las últimas semanas, lo que en principio eran cuestionamientos por lo bajo a algunas decisiones o críticas más o menos solapadas sobre prerrogativas o privilegios de los que gozan algunos integrantes de la fuerza, se convirtieron rápidamente en denuncias sobre hechos concretos de corrupción, no solo ventiladas a través de vías de comunicación internas, como grupos de WhatsApp, sino exteriorizadas abiertamente y formuladas, como tiene que ser para que adquieren seriedad y verosimilitud, en sede judicial.
Lo evidente es que existe en la Policía de la Provincia un estado de ebullición interna que amenaza con adquirir potencia explosiva y de fuertes connotaciones políticas, es decir, con secuelas que trasciendan lo específicamente institucional, si las contradicciones no se resuelven adecuadamente.
El peor camino que puede elegir la conducción policial y política de la fuerza –jefe de Policía y secretario de Seguridad- es ignorar el problema. La indiferencia o subestimación de las situaciones irregulares o conflictivas, una postura bastante habitual tanto de Orlando Quevedo como de Marcos Denett, lo único que lograron fue hacer crecer las tensiones hasta un punto de no retorno: ya no es posible arribar a una resolución al conflicto sin costos personales o políticos. Si éstos afectan a los protagonistas situados en la cúpula de la estructura o entre los efectivos que encarnan un conato de rebelión, dependerá de la correlación de fuerzas, sobre las que hay dudas porque se desconoce con exactitud hasta dónde llega el malestar contra la jerarquía.
Recién el pasado jueves a última hora Denett dio muestras de comprender cabalmente que la estrategia de ignorar el problema era un error. Que haya decidido presentarse ante la Justicia Federal para denunciar un intento de desestabilización perpetrado por una organización de policías en actividad y retirados, lo pone en evidencia. De todos modos, en su presentación, el secretario de Seguridad reduce el problema a un conjunto acotado de integrantes de la fuerza, que se habrían complotado para hacer caer a la cúpula policial y a él mismo.
Más complejo
El problema parece ser de una naturaleza bastante más compleja. Sin desdeñar que en la movida policial rebelde se escondan intenciones aviesas orientadas a desgastar a los altos mandos para obtener mayores cuotas de poder, es posible advertir que la disconformidad con ciertos manejos arbitrarios y tolerancia a hechos de corrupción está instalada en sectores muchos más amplios que el presunto grupo de siniestros conspiradores.
Lo que le da mayor entidad a los grupos rebeldes es que la posición fuertemente crítica que representan no se agota en meros reclamos o demandas de cambios internos, sino que ha evolucionado en los últimos días hasta transformarse en una serie de denuncias que puntualizan con bastante precisión la comisión de supuestos delitos de corrupción dentro de la Policía provincial promovidos, amparados o tolerados por la conducción.
Algunas de estas denuncias, como por ejemplo la de la estafa con seguros de vehículos en desuso de la fuerza, ya están siendo investigadas por la Justicia. Otras, al menos por el momento, son ventiladas internamente, pero no han llegado a los estrados del Poder Judicial.
Se mencionan compras directas indebidas para favorecer a proveedores, ventas de vales de naftas, personal que figura en zona y no va a su destino, irregularidades en los puestos camineros, compra de armamento defectuoso, entre otros hechos irregulares.
Un dato de la realidad que debe analizarse correctamente al momento de sopesar la consistencia del grupo de efectivos que encarnan los cuestionamientos a la cúpula policial y política de la fuerza, es que si bien un número importante, aunque indeterminado, de sus integrantes permanecen en el anonimato por obvias razones, los que encabezan la movida son comisarios que no han tenido prurito alguno en identificarse.
La comisario, Nilda Leguizamón, que fue la que impulsó formalmente la causa de los seguros, se presentó el miércoles en Casa de Gobierno, acompañada de otros comisarios, para pedir audiencia con la gobernadora, Lucía Corpacci, a los fines de poder expresarle sin intermediarios la visión fuertemente crítica que tiene del manejo de la fuerza.
Si algún resultado tuvo este intento de trasladar las controversias al despacho político más importante de la provincia fue la agudización del conflicto, al punto que algunos de los que participaron de él recibieron sanciones internas. Horas después, por los grupos de WhatsApp rebeldes comenzaron a denunciarse que miembros de la Policía de la Provincia, siguiendo órdenes de altos funcionarios de la fuerza e incluso del secretario Denett, realizan tareas de inteligencia interna. Los textos que hacían referencia a estos trabajos, prohibidos incluso por la propia Constitución Nacional si no tienen autorización judicial, iban acompañados de fotografías de los propios espías, identificados con nombres y apellidos.
No tardó la imputación en trasladarse desde el popular servicio de mensajería a la sede de la Justicia Federal, donde se inició una nueva causa.
Escándalos épicos
De modo que la solapada interna policial que se viene gestando desde hace tiempo, hoy a la vista de todos y con los ánimos exacerbados, amenaza con escándalos épicos si es que las denuncias sobre hechos de corrupción que involucran a policías con anuencia de la jerarquía tienen real sustento y si la Justicia, provincial o federal, pone el énfasis necesario para esclarecerlas y castigar a los presuntos responsables.
La resolución del conflicto no solo resulta saludable en términos de ética pública, es decir, a partir de la necesidad de que no haya, en la Policía ni en ningún estamento del Estado, hechos de corrupción impunes, sino también desde la perspectiva de devolverle a la sociedad garantías de que la fuerza policial está para asegurar la seguridad pública y no para robar, traficar, proteger delincuentes y desangrarse en internas.
Porque inmersa como está en este estado de ebullición, con la posibilidad de que la presión estalle más temprano que tarde, la Policía, que ya arrastraba evidentes dificultades para combatir el delito en la provincia, ha descuidado aún más su misión específica.
Deberá la fuerza de seguridad resolver rápidamente sus controversias internas, y de la manera más ecuánime posible, sin que paguen justos por pecadores, si es que quiere recuperar la eficacia y el prestigio que alguna vez ostentó en la sociedad catamarqueña, que ahora la mira de reojo.