En la provincia de los Kirchner, la crisis política, fiscal y social no tiene tregua a pesar del operativo de salvataje acordado con la Nación. El viernes pasado, la presidenta del Consejo de Educación de Santa Cruz, Cecilia Velázquez, pasó por tercera noche consecutiva atrincherada en su despacho, a pocos metros del grupo de sindicalistas docentes que tomó el organismo en protesta por reclamos salariales insatisfechos.
En realidad, la funcionaria no está encerrada compulsivamente por culpa de los docentes, sino que ella misma decidió quedarse allí hasta tanto pueda encontrar una solución al conflicto, que ya lleva meses. "Los docentes han decidido tomar el edificio por algunos reclamos. El fiscal me dijo que puedo salir, pero considero que debo permanecer en este lugar hasta normalizar la situación", afirmó Velázquez, una colaboradora bastante cercana a la gobernadora Alicia Kirchner.
De acuerdo con el secretario general de la Asociación Docentes de esa provincia, Ezequiel Alós, la titular del Consejo “tiene todas las herramientas para solucionar el conflicto docente. Quedó plasmado en la última paritaria, donde todos los docentes tenían grandes expectativas a partir de los anuncios que se habían hecho", afirmó.
Alós recordó que fue el propio sindicato el que gestionó una reunión con el Gobierno nacional, tras la cual “conseguimos los fondos para el pago en tiempo y forma, y también para aumentos". Aludía al incremento de 200 a 400 millones mensuales otorgado por la administración Macri para mejorar los sueldos docentes.
Sin embargo, pese a ello, el gobierno santacruceño no solo no pagó ningún aumento, sino que decidió aplicar fuertes descuentos en los recibos de sueldos. Más todavía, intimó a los directivos de las escuelas a informar sobre los días de paro de los docentes con la advertencia sobre la pena de prisión si no cumplen.
Eso fue lo que originó la toma del Consejo de Educación y el autoatrincheramiento de su presidenta, quien dijo que en esas condiciones no habrá diálogo. A través de un documento dirigido a las autoridades del CPE, directivos de instituciones de Río Gallegos cuestionaron la medida: "No se entiende tamaña acción represiva por parte de un gobierno que se ha autoproclamado como garante de los derechos humanos y sociales de los trabajadores en su conjunto".
Por un lado, el gobierno de Kirchner condiciona el inicio de las paritarias salariales al levantamiento de las medidas de fuerza. Por el otro, los sindicalistas docentes insisten en que no han recibido una oferta salarial que merezca ser considerada; de hecho, hasta el momento la única propuesta oficial fue un aumento del 3% para los maestros, lo que califican como una burla.
Este conflicto con los docentes se suma al que se dio dos meses atrás con los estatales, donde tanto la gobernadora como su cuñada, la ex presidenta Cristina Kirchner, debieron resguardarse en la Casa de Gobierno de la furia de los manifestantes.
Así están las cosas en Santa Cruz. Es la única provincia de Argentina donde las clases no comenzaron formalmente este año, y el paro docente lleva más de 70 días. Y como Alicia Kirchner no logra destrabar el conflicto, el Ministerio de Educación de la Nación empezó a tener reuniones por separado con los gremios y con las autoridades educativas.
De este modo, no es descabellado asegurar que Santa Cruz, hoy por hoy, es incapaz de ser gobernada por sí misma. Su soberanía quedó en suspenso por el déficit de idoneidad política de su gobernante.