La discusión en torno a los padrones que deben utilizarse el 4 de junio para definir quién completará el mandato de intendente del extinto Antonio "Gato” Córdoba en Ancasti podría derivar en la suspensión de los comicios. El FCS sostiene que deberían utilizarse los de 2015, es decir los de la elección que ganó Córdoba, mientras que el Frente para la Victoria entiende que deben habilitarse los actualizados a 2017, que se usarán en las elecciones de agosto/octubre. La diferencia es más significativa que unos cuantos votantes adicionales: Nancy Córdoba, la hija del "Gato”, candidata de la Casa de Gobierno, no figura en los padrones de 2015 y, por lo tanto, no podría postularse por no ser electora del distrito que pretende conducir, situación bastante más difícil de revertir que las objeciones a la residencia, que también se plantearon. La pretensión del radicalismo es dejar fuera de carrera a Córdoba para obligar al oficialismo a cambiar su candidato. En este objetivo coinciden con el Movimiento de Acción Popular (MAP) que orienta el ex gobernador Ramón Saadi y lleva como candidata a Teresa Zegarra Pino. Entre las pruebas que presentará el saadismo para erosionar a Nancy Córdoba está el acta de defunción de su padre, en la que ella asentó un domicilio de la Capital.
De no haber un acuerdo, el proceso político ancasteño se judicializará. Fuentes del Frente para la Victoria adelantaron que defenderán la candidatura de Nancy Córdoba en todas las instancias que sean necesarias, hasta la Suprema Corte si es preciso. Habrá que creerles: todo el Gobierno, con Lucía Corpacci a la cabeza, se trasladó a Ancasti para el lanzamiento de campaña de su candidata. Aparte de defender la residencia de Córdoba, los oficialistas marcan que los criterios jurídicos deben ajustarse al carácter "extraordinario” que tiene la elección de junio, singularidad que obligó a adaptar los plazos del cronograma electoral. De haberse seguido al pie de la letra lo que marca la ley, ya estarían todos vencidos. En lo que concierne a los padrones, aducen que utilizar los de hace dos años equivale a privar del derecho a sufragar a numerosos electores que lo adquirieron desde que el "Gato” Córdoba fue electo, circunstancia que abriría la puerta a impugnaciones por parte de quienes queden excluidos.
En definitiva, la elección de Ancasti se ha empiojado de modo tal que su celebración en la fecha prevista es incierta. Si el oficialismo está decidido a sostener a Córdoba contra viento y marea, no es menos fuerte la resolución de los radicales y del saadismo para avanzar en el litigio judicial, en el entendimiento de que un escándalo perjudicaría a la Casa de Gobierno con vistas a las generales, más aún si consiguen proyectarlo a nivel nacional. El saadismo, que busca hacerse más visible para tratar de ganar incidencia en las provinciales, abona el campo de la polémica con acusaciones de persecución a su candidata, a la que habrían desplazado de la dirección del Hospital Distrital de Ancasti. Para los radicales, la suspensión implicaría retener la administración de la caja comunal en manos de Rodolfo Santillán, intendente interino y candidato a la continuidad.
