Es probable que el paro internacional de mujeres del próximo miércoles 8 de marzo se convierta en un hecho histórico. Hay un amplio abanico de reivindicaciones que se exhibirán como reclamo en esa jornada, pero sin dudas la principal se refiere a la necesidad de ponerle un freno a la violencia machista y a los femicidios como su expresión más brutal.
Si bien cuenta con un antecedente cercano, es la primera ocasión en la que concitará la adhesión masiva no solo de las organizaciones sociales vinculadas a las problemáticas de género, sino también de otras relacionadas con temas sociales.
Prácticamente no hay referentes de la dirigencia política que tengan la audacia de objetar la medida, muchos de ellos porque están convencidos de la justicia del reclamo y otros apenas porque el acompañamiento es una actitud "políticamente correcta”.
El presidente Mauricio Macri hizo alusión al tema en su discurso del pasado miércoles ante la Asamblea Legislativa. "Todos nos unimos en el grito ‘Ni una Menos’”, dijo Macri, tras recordar que "cada 37 horas una mujer muere por violencia de género”.
Añadió el presidente de la Nación que "es un desafío que tenemos que encarar juntos poniendo fin a la violencia machista. Tenemos que terminar con los patrones culturales que naturalizan la agresión a la mujer”.
Las expresiones del primer mandatario sorprendieron porque nadie esperaba que las reivindicaciones de las mujeres estuvieran en la agenda de temas del discurso presidencial. Algunos sectores recibieron con agrado el espaldarazo, considerando el cargo que ostenta quien pronunció las palabras. Para otros sectores, por ejemplo los que se congregan en torno al Colectivo Ni Una Menos, promotores de las movilizaciones que se realizaron a lo largo y ancho del país en los últimos dos años, tales aseveraciones fueron desafortunadas. A través de las redes sociales expresaron que "con Macri nunca habrá Ni una menos” y enumeraron una serie de cuestionamientos que tienen que ver con acciones del actual gobierno relacionadas con políticas en la materia.
Criticaron la falta de presupuesto para la implementación acabada de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres -algo que también hacían con el gobierno kirchnerista-; el recorte del presupuesto del Consejo Nacional de las Mujeres en casi 70 millones de pesos, el debilitamiento del programa de Educación Sexual Integral y la falta de aplicación de los protocolos de aborto no punibles, entre otras cuestiones.
Respecto del recorte al Consejo Nacional, distintas organizaciones sociales presentaron un recurso de amparo ante la Justicia para que declare inconstitucional la reducción presupuestaria, tras lo cual el gobierno admitió que daría marcha atrás con la medida porque se había cometido, otra vez, un "error administrativo”.
Lo cierto es que a pocos días de una jornada que puede marcar un hito en la historia de la lucha en defensa de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género, es preciso señalar que el Estado debe, en todos sus niveles, garantizar la vigencia de políticas que aseguren esos derechos y hagan cumplir una ley sancionada en 2009 y nunca cumplida debidamente.
