La persistencia de la recesión económica que afecta al país
desde fines de 2015 amenaza con profundizar el problema de la informalidad
laboral, que afecta a cuatro de cada diez argentinos ocupados. En números,
según un informe elaborado por los economistas Marcelo Capello, Gerardo García
Oro y Laura Caullo, del Instituto Ieral de la Fundación Mediterránea, significa
que hay casi ocho millones de trabajadores que padecen precarización en sus
condiciones de trabajo.
El trabajador informal se encuentra en condiciones muy
desventajosas respecto de los que poseen un trabajo en blanco. En principio no
gozan de obra social ni beneficio jubilatorio futuro, pero además sus
incrementos salariales no dependen de paritarias gremiales sino más bien de la
discrecionalidad del empleador. De modo que la brecha salarial entre los
trabajadores informales y los formales se amplían en épocas de crisis como las
que vivimos.
La informalidad laboral es un problema estructural en la
economía de nuestro país. Si bien durante los años de altos niveles de
crecimiento que la Argentina tuvo en la segunda mitad de la década pasada hubo
un descenso de los niveles de trabajo en negro, los índices nunca pudieron
perforar el piso del 30%.
En el trabajo de los técnicos del Ieral, se sostiene que
"la combinación de entornos laborales escasamente inclusivos y una baja
productividad promedio del empleo frente a un contexto de altos costos
laborales y una excesiva carga tributaria acaban condicionando las oportunidades
de formalización y creación de empleos de calidad".
El estudio tiene la virtud de que, además de trazar un
diagnóstico de la situación, ofrece pistas para la generación de políticas que
hagan frente a la situación. Para los economistas, resulta insuficiente
intentar resolver el problema únicamente con "una estrategia de reducción del
costo laboral de contratación", sino que se requiere "una perspectiva
integral que combine políticas focalizadas sobre las principales afecciones que
caracterizan la realidad de cada segmento vulnerable".
Y mencionan como estrategias posibles de combinar la
promocióndel primer empleo entre los
jóvenes –uno de los sectores más perjudicados en la materia-, con una dinámica
de aprendizaje de oficios y entrenamiento laboral”.
Destacan la necesidad de propiciar la "preparación en
habilidades socio-emocionales y acompañamiento a jóvenes vulnerables en su
trayecto de reincorporación a entornos educativos y laborales, con especial
abordaje sobre la realidad del hogar en que éste se desarrolla".
Proponen asimismo políticas promocionales diferenciadas,
contemplando las potencialidades productivas de cada región, y políticas de
género para fomentar la participación laboral de las mujeres.
El diseño de estas estrategias, sin embargo, resulta
insuficiente para modificar positivamente el panorama de la informalidad
laboral. Es imprescindible, además, retomar el ciclo de crecimiento de la
economía, que permita no solo reducir el trabajo no registrado sino además
crear nuevo empleo.
Mientras el Gobierno no encuentre los mecanismos para lograr
encontrar los caminos del desarrollo, cualquier política orientada a reforzar
la formalidad laboral será difícil, si no imposible, de implementar
eficazmente.
